No había motivos para esperar la aparición de una columna de humo blanco el pasado 23 de marzo, pues las partes venían indicando que los desacuerdos seguían sin solución.
Aun así, hubo más de una cara larga cuando los delegados del gobierno colombiano y las Farc confirmaron que la suscripción de un acuerdo de paz quedaba pospuesta hasta nuevo aviso.
La razón fue lo que entre las parejas se conoce como “diferencias irreconciliables”, al menos por ahora. La parte final de las conversaciones muestra que del lado de la guerrilla permanecen posturas que para el Gobierno son inaceptables.
Sin duda, la más fundamental tiene que ver con el tema de dejación de las armas. En la medida en que esta sería adelantada de forma gradual, surge la inquietud con respecto a qué sucede con los combatientes que comienzan su tránsito hacia la vida civil, lo cual implica despojarse de uniformes y fusiles.
Del lado de las Farc, la aspiración es que sus integrantes mantengan cierta capacidad de movimiento, que coincidiría con la intensificación de su actividad proselitista en el escenario político.
No obstante, los representantes del Ejecutivo han señalado que eso no será posible, pues no se puede repicar y andar en la procesión. Y tienen razón. Tal como lo señaló el miércoles pasado Humberto de la Calle, lo único aceptable es “un acuerdo que ponga orden en un proceso de dejación de armas.
Con plazos fijos. Sin zonas grises”. Pretender que se repita algo del estilo de lo que sucedió en el corregimiento guajiro de Conejo, hace unas semanas, no tiene fundamento.
De lo contrario, se estaría imponiendo un doble estándar, que es precisamente el que se quiere desmontar. Eso para no hablar de la reacción negativa de la opinión, cuyo escepticismo frente al resultado de los diálogos es conocido y que podría rechazar el pacto que se logre, cuando tenga lugar el mecanismo de refrendación popular previsto.
“La dejación de armas es condición para la aplicación de los mecanismos de justicia transicional y para abrir la puerta de la reincorporación a la vida civil”. Esas palabras del jefe negociador por parte del Gobierno resumen la que debe ser una postura indeclinable.
Ahora el balón vuelve a quedar en el campo de la guerrilla, que tiene la obligación de demostrar que está dispuesta a jugar con reglas diferentes en las cuales el poder de las ideas sea el que mande. No el de las balas.
Ricardo Ávila
ricavi@portafolio.co
@ravilapinto
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Una postura indeclinable
La parte final de las conversaciones muestra que del lado de la guerrilla permanecen posturas que para el Gobierno son inaceptables.
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Ricardo Ávila
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