LUNES, 26 DE FEBRERO DE 2024

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Ricardo Chica
columnista

El despropósito de la salud

La reforma supone que las alcaldías son instituciones aptas para gerenciar la salud y que los políticos se transformaran en capacitados y prístinos.

Ricardo Chica
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Ricardo Chica

A pesar de la falta de transparencia sobre la reforma, incluso al nivel del gabinete, han trascendido elementos tan alarmantes desde el punto de vista económico que el prospecto es en esta perspectiva desastroso. Se desconocen principios económicos tan fundamentales que uno entiende que los economistas en el gabinete estén preocupadísimos. Después de considerar los dos fundamentales, la necesidad de la acumulación de capacidades del aprendizaje institucional, y de una estructura de procesamiento de información y de incentivos adecuada, cuyo desconocimiento garantiza un fracaso de la iniciativa, terminaré mencionando otros.

Implementar políticas supone contar con instituciones, incluyendo que en ellas hayan tenido lugar los procesos de aprendizaje colectivo y de acumulación de capacidades y de competencias que las definen como tal mecanismo. Las EPS sobrevivientes son un buen ejemplo de unidades de ese aprendizaje que han sobrevivido a una competencia severa en condiciones adversas gracias que han acumulado tales capacidades y competencias.

Pero la reforma supone que las alcaldías, por ejemplo, de Cartagena, Maicao, Valledupar y Montería, son instituciones más aptas para esa tarea y que los políticos y funcionarios de esas regiones se transformaran en capacitados y prístinos servidores públicos. Lo cual refiere al problema de incentivos. La estructura de incentivos de las EPS, a pesar de las falencias regulatorias que explican sus graves fallas, estaba alineada con sus objetivos; ¿qué incentivo diferente a asignar cuotas burocráticas y recursos a su conveniencia van a tener los políticos locales? Como también refiere al problema de la ausencia de capacidades y de un aprendizaje institucional, lo cual revela otra confusión sobre la economía de la reforma, que ignora que las capacidades no se acumulan mágicamente ni las instituciones se expanden como mecanos (una creencia muy de Petro, como en el caso de universidades).

Ambos son procesos prolongados y costosos en tiempo e inversión en capital humano e institucional (social debería uno agregar dados los niveles de corrupción). Similarmente, en el problema análogo del procesamiento de la información, una centralización absoluta es información altamente inmanejable (la ilusión de la economía de comando centralizado).

Con un oferente con limitaciones para la provisión del servicio, y en condiciones de masivo exceso de demanda, se requieren o precios o racionamiento (se reemplaza un mecanismo de racionamiento racional autorizaciones por uno de colas) para no apabullarlo abrumadoramente al punto de colapsarlo: acceso universal económicamente equivale al absurdo de colapsar o quebrar el servicio (lo que está sucediendo con el NHS británico); similarmente, la descalificación del mecanismo de precios se traduce en tarifas universales que desconocen toda lógica de costeo; también se desconoce la conveniencia de mecanismos o compensaciones institucionales de falla de mercado que logren, mediante arquitectura institucional y diseño regulatorio, una provisión de bienes y servicios que el mercado no atiende, como es el caso con innovaciones institucionales como la simulación de mercados en las instituciones de salud.

En suma, la estatización desconoce la carencia de capacidades institucionales y organizacionales en el Estado y la proclividad de sistemas totalmente administrados, sin mecanismo alguno de asignación de recursos diferente al dedo, a corrupción.

Ricardo Chica
Investigador en Desarrollo Económico

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