El debate sobre la seguridad vial ha sido planteado de manera equivocada.
A pesar de, que la sociedad y los medios de comunicación han conseguido del Congreso una modificación de las penas con sanciones cercanas a los 18 años de prisión, y que la Corte Suprema de Justicia ha consentido ‘convertir’ las lesiones y los homicidios imprudentes bajo el influjo de bebidas embriagantes y sustancias psicotrópicas en delitos dolosos, la ocurrencia de estos sucesos no disminuye.
Sin desconocer la importancia de sancionar a los criminales, en un país serio lo que en verdad importa no es cuántas personas son castigadas para satisfacción de la venganza pública o privada, sino cuántas dejan de ser víctimas, y ello supone prevenir.
Por esto, se han comenzado a estudiar propuestas planteadas y aplicadas en el derecho comparado, tanto de orden penal como de naturaleza administrativa.
En cuanto a las medidas penales, se ha sugerido penalizar –como en España o Alemania– comportamientos que afectan la seguridad del tráfico antes de la producción de resultados fatales, como sucede con la conducción temeraria o en estado de embriaguez.
Se trataría de sancionar este tipo de acciones con penas de arresto que, además, serían complementadas con medidas posdelictivas pedagógicas, sin perjuicio de las sanciones administrativas a imponer, como la suspensión de la licencia de conducción por largo tiempo.
Naturalmente, el debate técnico y la efectividad preventiva de estos delitos son cuestiones complejas, pero al menos estas figuras no implican, ni que la acción estatal se enfoque de forma ‘inútil’ en etapas posteriores a las muertes o lesiones que se quieren prevenir, ni desnaturalizar la proporción punitiva entre los delitos en el Código Penal.
Por lo que concierne a las medidas administrativas, la propuesta sugiere una reforma integral a la manera en que el Estado regula y concede las licencias de conducción.
La corrupción, los negocios de capacitación y el escaso control municipal antes y después de la concesión de los permisos, ha sembrado la creencia de que este es un asunto de ‘trámite’ y que todos tenemos derecho a la licencia.
Resulta urgente hacer una completa reingeniería al sistema, creando un instituto que se encargue de los permisos de tránsito y unifique los criterios de capacitación, concesión, reexpedición y control sobre licencias de conducción, mediante sistemas que han sido probados en otras latitudes, como la licencia por puntos.
El debate está abierto.
Pero no resulta consecuente que el Estado propicie una política criminal sin correlación con una verdadera política pública, que evite que sigan muriendo personas en las calles por consecuencia de la inseguridad vial imperante. Es absurdo sostener que el derecho penal puede resolver este problema sólo incrementando las penas y endureciendo las detenciones preventivas.
