Ricardo Rojas Parra

De la corrupción a la ilegitimidad

La corrupción puede frenar el crecimiento de un país entre un 0,5 y 1 por ciento, y es un obstáculo para la reducción de las desigualdades.

Ricardo Rojas Parra
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Ricardo Rojas Parra
febrero 28 de 2012
2012-02-28 04:19 a.m.
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El Banco Mundial afirmó en un artículo titulado ‘El precio de la corrupción’, que anualmente se han pagado más de un billón de dólares estadounidenses en sobornos; un fenómeno que afecta no sólo a los países pobres y en vía de desarrollo. También se ha afirmado que la corrupción puede frenar el crecimiento de un país entre un 0,5 y 1 por ciento, y es un obstáculo para la reducción de las desigualdades. Hay que tener en cuenta que la ineficiencia en la construcción de infraestructura y en los programas sociales (educativos, de salud, de vivienda) está relacionada con la corrupción, y lo que ha sido denunciado es que este tipo de ilegalidad está arraigada en el sector público, pero en el sector privado también se encuentran agentes promotores.

Aparte de los efectos en la economía y en lo social, la corrupción tiene consecuencias políticas que amenazan al sistema democrático. Para que la democracia sea tal, como cualquier régimen político moderno, es condición necesaria que el poder político sea legitimo; el problema de la legitimidad se refiere a las razones por las cuales se justifica que unas personas detecten el poder político entendido como aquel que tiene el monopolio de la fuerza física legítima. Ahora, la pegunta que cabe hacer es: ¿la corrupción afecta la percepción de legitimidad del Estado?

En un Estado de Derecho, la legitimidad se fundamenta en la legalidad en dos sentidos; quien gobierna obtiene este derecho mediante el orden jurídico, es decir, accede al poder usando los mecanismos legales establecidos. Por otro lado, el ejercicio del poder debe corresponder a lo que establecen las leyes por lo que no puede ser arbitrario. En este sentido, si los ciudadanos desconfían tanto de los medios que usan los gobernantes para acceder al poder, como del ejercicio del mismo, surge un problema de legitimidad. Según Transparencia Internacional “8 de cada 10 personas dicen que los partidos son corruptos o extremadamente corruptos”, y la mitad de los encuestados manifiestan que la acción de su gobierno para frenar la corrupción es ineficaz”.

Precisamente, esto se ha puesto en evidencia. Lo que confirman las encuestas y la apatía política, que se refleja en abstencionismo electoral, es que la política no tiene como fin el bien general, sino que es una excusa de algunos profesionales para obtener beneficios particulares mediante el poder y el prestigio que otorgan los altos cargos públicos. En los próximos años, la crisis en las democracias se acentuarán por esta falta de fe de los ciudadanos hacia la política y el ejercicio del poder.

El asunto de este artículo es pertinente para Colombia, debido a que en la lucha por construir la paz no sólo hay que enfilar esfuerzos por reducir los grupos armados ilegales y disminuir las desigualdades, sino que es también muy importante que los ciudadanos recobren la confianza en el sistema político, en la democracia, para lo cual la tarea del Gobierno es seguir siendo eficiente en la lucha contra la corrupción.
RICARDO ROJAS PARRA
ECONOMISTA - PROFESOR UNIVERSITARIO
riropa@gmail.com

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