Con la reciente realización de uno de los tres foros sobre Cultura de Paz y Justicia Transicional, que el gobierno tiene programados, se le da de nuevo protagonismo a uno de los temas más importantes, que poco ha sido tocado en los diálogos de La Habana, el lugar de las víctimas en el conflicto. Este asunto, crucial para la implementación de mecanismos de justicia transicional efectivos para escenarios de pos-conflicto, evidencia que a pesar de los inconvenientes que se han tenido para establecer una comisión de delegados de las víctimas en la mesa de negociación, el mismo no ha sido dejado de lado por el Gobierno, y hoy se llevan a cabo programas con el fin de que las víctimas accedan a sus derechos de verdad, justicia y reparación.
Esto, agregando un enfoque particular del Gobierno al tema de los desplazados como víctimas de la violencia, pero a su vez como constructores de paz y ejemplos de progreso, teniendo en cuenta que esta problemática que se vive en el país no ha tenido la atención suficiente, sino hasta años recientes, destacada por campañas a favor de que las víctimas de este flagelo vuelvan a sus zonas de origen. Lo anterior, debido al interés de algunos académicos y organizaciones nacionales e internacionales por estudiarlo y las repercusiones que este tiene en el desarrollo económico del país y en la construcción de paz; y a un mayor interés en los últimos gobiernos por visibilizar el papel de las víctimas en el conflicto y con este, a los tipos de victimización a la que estas han sido sometidas, permitiendo obtener una radiografía al respecto.
De esta forma, el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno en su reporte publicado en abril del 2013, brindó cifras en las que se destacan el número de desplazados en Colombia: entre los 4,9 y 5,9 millones de colombianos. Adicionalmente, junto con este informe se ha conocido la vulnerabilidad a este flagelo de grupos étnicos minoritarios, y algunos factores propios del desarrollo económico colombiano como posibles causas del desplazamiento, como “procesos de colonización agrícola en zonas apartadas (…), la extensión de cultivos de uso ilícito, vinculados a la cadena del narcotráfico, y procesos de reciente urbanización en condiciones de marginalidad y pobreza”.
Asimismo, las cifras muestran que 89% de los casos son núcleos familiares que representan un desplazamiento individual, y 11% desplazamiento de carácter masivo; de estos, el nivel de ingresos cae a la mitad después del desplazamiento, a pesar de que los mismos cuentan con propiedades (tierra) y otras formas de sustento (dejadas a la deriva a causa del desplazamiento).
Lo anterior evidencia que -a pesar de la gravedad del problema de las víctimas y en particular del desplazamiento en Colombia-, el Gobierno y la sociedad civil están tomando medidas frente a este flagelo. Por lo tanto, ir a la raíz del problema permite plantear soluciones duraderas que se establezcan en un plano más real, esto, con el fin de llevar propuestas más allá de estos foros e integrar a los desplazados a las nuevas dinámicas sociales y económicas del país.
Ricardo Rojas P.
Economista - Profesor universitario