Los defensores a ultranza del libre mercado argumentan que el retraso en el desarrollo del campo colombiano está asociado a la protección que han tenido sus productores, que se benefician de unas rentas pagadas por los consumidores, y que todo se soluciona si se deja actuar libremente la oferta y la demanda.
Cuando se ha tenido cercanía a los temas rurales y, además, se han podido conocer diferentes experiencias internacionales, se concluye rápidamente que en el sector del agro lo que menos hay es libertad de mercado. Por el contrario, si bien es cierto que se ha reducido el nivel de intervención estatal, lo que se ha dado es una inmensa concentración en los eslabones de la comercialización y el procesamiento de estos productos provenientes del agro.
Estos defensores del mercado, por encima de todo, olvidan que en Colombia ha faltado un inmenso desarrollo de bienes públicos, que por años la revaluación deterioró de manera severa la capacidad de competir, y que en grandes extensiones y en diversos grados de intensidad han tenido que experimentar el flagelo de la violencia.
Colombia, desde los años cuarenta, en el caso del café y posteriormente desde los noventa, ha venido desarrollando el concepto de parafiscalidad como un elemento central de las políticas de apoyo a un número importante de sectores. Hoy más de quince productos cuentan con fondos parafiscales, que con distintos enfoques y mecanismos han desempeñado un papel importante en la supervivencia como productores de quienes han insistido en estas actividades.
Es posible que en varias ocasiones se hayan cometido equivocaciones o que el manejo de los recursos parafiscales no haya tenido la efectividad deseada, pero no por ello hay que pensar en acabar con los mismos. Por el contrario, hay que mejorarlos y corregir sus fallas.
La esencia de la parafiscalidad son los recursos que alimentan los fondos provienen de los propios productores; y lo que los diferencia de los impuestos es que el destino de los mismos deben ser solo los propios productores que los aportaron.
Es cierto que, en algunos casos en particular, estos fondos pueden recibir recursos públicos, pero únicamente para propósitos muy específicos.
Pues bien, son muchos los enemigos de estos instrumentos y planteamientos, como los que hace la SIC en el caso de los azucareros, “ordenando” la revisión del fondo; son un paso más en contra de la parafiscalidad. Ya la Misión del Café planteó cambios que van hacia el debilitamiento del Fondo, y la Contraloría había cuestionado otros de los fondos vigentes. Lo que se requiere entonces es reflexionar seriamente sobre la razón de ser y las ventajas y desventajas de los fondos, y adoptar un camino claro sobre si estos siguen siendo una política de Estado para apoyar al agro o si es mejor olvidarse de ellos.
En el caso azucarero es cierto que las multas son desmedidas, pero el verdadero riesgo para el sector es el del desmonte de los mecanismos que le han permitido su desarrollo: las Franjas de Precios y el Fondo de Estabilización.
Ricardo Villaveces P.
Consultor privado
rvillavecesp@gmail.com