El caso de las 17.000 hectáreas (has.) del proyecto Carimagua, puede llegar a constituir el punto de partida para un gran debate nacional, que permita saber si la sociedad colombiana está preparada para dar un viraje en el rumbo que trae de tiempo atrás el país y que ha conducido a la excesiva concentración de la riqueza, los ingresos y los beneficios del relativo desarrollo hasta ahora alcanzado.
Organismos internacionales que se dedican al estudio y análisis de la pobreza mundial, señalan a Colombia como uno de los países en el mundo de mayor desigualdad e inequidad social. Además, universidades y centros de investigación nacionales corroboran ese señalamiento basados en los resultados de las investigaciones sobre la pobreza en nuestro país. La realidad es que existen grupos de la población con un nivel de vida relativamente bueno, o muy bueno, en cambio ese nivel continúa siendo muy bajo para los otros grupos de pobladores. La brecha entre ricos y pobres se ensancha en lugar de reducirse.
En cuanto a la concentración de la propiedad rural es una realidad prácticamente desde el nacimiento de la República. Pero, en las últimas dos o tres décadas esa concentración ha crecido aceleradamente. De los 35 millones de has. registradas en 1984, correspondían a los predios mayores de 200 has., el 16,9 por ciento, mientras que en el 2005 ese porcentaje subió al 57,4 de las 82 millones registradas. Se dió, entonces, en el lapso de 20 años un crecimiento inmenso tanto del área registrada como de su concentración.
En esas circunstancias, considero que cualquier política que se refleje en un aumento de dicha concentración es, sin duda alguna, equivocada y perjudicial para el país.
En cambio, políticas tendientes a conseguir una mejor distribución de la propiedad rural tienen que ser bienvenidas, pues en esa forma se puede obtener un mejor aprovechamiento de la tierra. Además, la aplicación de las políticas en ese sentido contribuyen de manera importante a la desconcentración global de la riqueza, los ingresos y los beneficios del crecimiento. Es necesario concebirlo a favor del bienestar general de la población, en particular de los grupos más pobres y necesitados del país.
Ahora bien, estando de acuerdo con la conveniencia de realizar un gran proyecto en el área de Carimagua, no entiendo por qué los desplazados a quienes se les adjudicó esas tierras -ojalá haya sido colectivamente, mediante una figura jurídica que evite la venta de lotes en forma individual- no puedan aportar esos terrenos a las empresas que los requieran. En esas condiciones podrían ser, además de trabajadores, socios. Lo cual, como trataré de explicar en un próximo artículo, traería grandes ventajas para ellos y para la economía de la región.