La semana pasada se hizo público el compromiso de dejación de las armas por parte de las Farc y el acuerdo sobre las zonas de concentración. Con ello, se dio un paso adelante en las conversaciones de paz de La Habana. Este avance en las negociaciones exige profundizar en el análisis de las implicaciones del acuerdo de paz sobre la economía.
Desde el año 2003, con el estudio del Banco Mundial titulado Breaking the Conflict Trap: Civil War and Development Policy, se vienen adelantando trabajos dirigidos a medir la incidencia de un acuerdo de paz sobre la actividad económica, o sea, lo que se ha dado a conocer como los dividendos de la paz.
Ese primer trabajo señalaba que según la experiencia internacional, los países que consolidaban acuerdos de paz tendían a registrar tasas de crecimiento económico hasta de un dos por ciento anual adicional.
En el 2014, se publicaron dos investigaciones que suministraron evidencia para el caso colombiano. De una parte, la Universidad de los Andes adelantó un estudio sobre los costos económicos y sociales del conflicto armado en Colombia, en tanto que Francisco Rodríguez, economista para los países andinos del Bank of America y Merrill Lynch publicó un controvertido estudio titulado Colombia Viewpoint: The Peace Premium, en el cual argumentaba que si bien el dividendo de la paz en Colombia era significativo, este ya se venía recibiendo desde la administración Uribe como resultado de la política de seguridad democrática y que, por lo tanto, la incidencia del acuerdo de La Habana sería modesta, y le daría un modesto crecimiento adicional a la economía del orden del 0,3 por ciento anual. En el 2015, el Departamento Nacional de Planeación adelantó un nuevo estudio comparativo internacional titulado ‘Dividendo económico de la paz’. Allí se estima que los dividendos de la paz en términos de mayor crecimiento económico podrían alcanzar entre un 1,1 y un 1,9 por ciento anual adicional.
La cifra inferior corresponde al promedio registrado en un conjunto de 36 países que terminaron el conflicto, en tanto que la superior corresponde a países que firmaron un acuerdo de paz similar al de Colombia.
De lo anterior se concluye que la evidencia internacional indica que existe un dividendo económico de la paz, pero que hay diversas percepciones respecto a su magnitud probable para el caso de Colombia.
Los más optimistas, entre estos en el seno del Gobierno Nacional, consideran que el mayor crecimiento de la economía permitirá generar los ingresos fiscales para atender la demanda de recursos presupuestales que surgen de un proceso de paz.
Quienes somos más conservadores pensamos que hay que tener inmensa precaución en adelantar gastos si no están asegurados los recursos, y que es necesario prever en la próxima reforma tributaria ingresos fiscales adicionales para atender el gasto público asociado con el proceso de paz, máxime cuando los dividendos de la paz solo se percibirán dentro de algunos años.
Esto lleva a considerar que si bien es oportuno comenzar a preparar los ‘Contratos para la paz’ anunciados por el Jefe del Departamento Nacional de Planeación, también es necesario que su financiamiento se asegure con mayores recursos de la reforma tributaria venidera, sobre todo para los programas de Desarrollo Rural Integral, que ascienden anualmente a más del 1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Roberto Junguito
Exministro de Hacienda
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