Tanto los centros de investigación económica colombianos como Fedesarrollo y Anif, y los de las facultades de economía, así como los organismos multilaterales, entre los cuales cabe mencionar al Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el propio club de los países más avanzados de la Ocde, están comenzando a estudiar y evaluar las grandes reformas que deberá emprender el nuevo gobierno que iniciara sus funciones el 7 de agosto del 2018. De cierta manera, hay plena conciencia de que la tasa de crecimiento de la economía en el año en curso será apenas del orden del 2 por ciento anual y que en el 2018 se dará una recuperación lenta, y los pronósticos del crecimiento del Producto Interno Bruto son que este será cercano al 3 por ciento anual.
Contemplan los expertos que para lograr tasas de crecimiento más altas y sostenible es indispensable elevar la productividad de la economía y, en particular, la denominada productividad total de factores, o sea mediante el cambio tecnológico e innovación. Para lograrlo, todos los informes y estudios consideran que será necesario emprender reformas estructurales de envergadura que hagan a la economía colombiana más competitiva.
Discutiendo en Washington con uno de los directivos de uno de organismos multilaterales, me decía que ya no se puede seguir postergando la adopción de una reforma a las pensiones, que se tiene que avanzar en la apertura de la economía, que se requieren complementar y profundizar las reformas a la salud para hacer más sostenible financieramente el sistema de salud colombiano, y que se requiere continuar avanzando en el frente fiscal, sobre todo, en lo que tiene que ver con el gasto público y el sistema presupuestal colombiano. Asimismo, argumentaba que la política de tierras en Colombia y, en general, las disposiciones en esta materia en el fast track deben ser amigables a la producción empresarial agroindustrial de gran escala como gran fuente de exportación y de crecimiento de la economía.
En este mismo sentido se pronunció la Ocde, de acuerdo con el informe del organismo, dado a conocer por el Ministro de Hacienda la semana pasada. Según trascendió en la prensa colombiana, entre el paquete de recomendaciones que hizo el organismo en Colombia está la adopción de medidas para atacar la desigualdad, la informalidad laborar y la baja productividad. También reitera la importancia de la reforma pensional, pues esta no da espera. La Ocde, incluso, insiste en profundizar la reforma tributaria, aumentando la base y reduciendo las exenciones, pues el país necesita recaudar más impuestos en el mediano plazo.
El énfasis de la investigación y de la política económica ahora debe girar en torno a preparar estudios correspondientes en todas estas áreas y someterlos a discusión a los candidatos a la presidencia de la República para el periodo 2018-2022. Una vez elegido el próximo presidente debe procederse a trabajar con el próximo equipo económico y conseguir la aprobación de las reformas en el Congreso.
La prioridad es mirar hacia el futuro inmediato. Pensemos desde ahora en las reformas y planes que deberá emprender la próxima administración. No se debe perder tiempo en el diseño y adopción de las reformas que necesita Colombia.
