Roberto Junguito

Plan de Desarrollo y los desastres naturales

El Plan de Desarrollo propone diseñar una estrategia de aseguramiento de los bienes públicos de la N

Roberto Junguito
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Roberto Junguito
diciembre 15 de 2010
2010-12-15 12:16 a.m.
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Las bases del Plan de Desarrollo 2010-2014 establecen que “para garantizar la sostenibilidad del crecimiento económico y social del país resulta prioritaria la incorporación de medidas que tiendan a reducir la vulnerabilidad de los riesgos de desastres en los sectores y en la población”. Agrega, además, que el objetivo de la gestión del riesgo en el cuatrienio se orienta al fortalecimiento del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres. Según el diagnóstico del Gobierno, por sus condiciones geográficas, climáticas y geológicas, el país enfrenta diferentes amenazas, entre las cuales menciona los sismos, erupciones volcánicas, inundaciones, tsunamis y deslizamientos.

Esta prioridad coincide con lo manifestado por el Banco Mundial, que afirma que Colombia es uno de los países más expuestos a riesgos catastróficos. El documento argumenta que, a pesar de los avances del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres para enfrentar tales situaciones, los desarrollos institucionales y legales no han dado los resultados esperados, entre otros, debido a que el país no cuenta con una política nacional de gestión del riesgo.

Las catástrofes ponen en peligro los medios de vida de la población, comprometiendo la estabilidad social y económica del país, así como las finanzas públicas. Según la literatura, la reconstrucción es costosa y puede convertirse en un gran costo fiscal, proveniente de la atención inmediata del desastre y los menores recaudos por impuestos asociados con el menor crecimiento económico.

En el Plan se da como ejemplo el terremoto del Eje Cafetero de 1999, que ocasionó pérdidas estimadas en 1,8% del PIB. A este caso habría que agregar lo que viene sucediendo con las inundaciones. Según los cálculos presentados por el Gobierno, se estima que el costo de la ola invernal puede alcanzar un monto cercano a los diez billones de pesos, lo que representaría cerca del 2% del Producto Interno Bruto del país. El reciente terremoto de Chile, según un estudio de la Swiss Re, llegó a tener un costo equivalente al 5,2% del PIB.

El Gobierno concluye que una de las prioridades de la acción estatal debe ser el reducir la vulnerabilidad fiscal del Estado. Ante los desastres, los gobiernos deberían acudir a recursos presupuestales, mayor endeudamiento, impuestos, asistencia o ayuda, al fondo de reservas catastróficas, financiamiento contingente y a la transferencia de riesgo mediante seguros. Para esto, el Plan propone, entre otras acciones, diseñar una estrategia de aseguramiento de los bienes públicos de la Nación y dar asistencia técnica a las entidades territoriales para la incorporación del manejo del riesgo.

De igual manera, menciona que sectores estratégicos para el desarrollo económico, como el agropecuario, la vivienda, la infraestructura y el minero-energético, deben reconocer la importancia del manejo del riesgo. En este sentido, también resultan fundamentales las coberturas adecuadas de protección ante un posible terremoto y los seguros agrícolas, así como los de cumplimiento e ingeniería para las obras públicas.

Estos son asegurables con costos razonables y existe una capacidad adecuada a nivel mundial para financiarlos en los países en desarrollo.

Los esquemas tradicionales de seguros y reaseguros se pueden complementar con nuevos instrumentos, como los bonos catastróficos utilizados por México. La realidad es que el número de grandes desastres mundiales se viene incrementando, al pasar de menos de ciento cincuenta anualmente en los setentas, a más de trescientas en años recientes, y la severidad también se ha duplicado. Por todo esto, resultan oportunas las iniciativas planteadas en las bases del Plan de Desarrollo para enfrentar las catástrofes naturales en nuestro país.

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