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¿Importa el consumidor?: a veces sí, a veces no

La propuesta de gravar la canasta familiar con compensaciones a los más pobres es una iniciativa que merece ser apoyada.

Roberto Steiner
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Roberto Steiner
noviembre 06 de 2018
2018-11-06 09:37 p.m.

La propuesta de gravar la canasta familiar con compensaciones a los más pobres constituye una iniciativa que merece ser apoyada. Los consumidores más pudientes no deberían beneficiarse de exenciones cuyo propósito es aliviar la carga tributaria de los más necesitados. En un estudio del 2013 (Steiner y Cañas) mostrábamos que el 67% del gasto total del decil más pobre (es decir, el 10% más pobre de las familias) se hacía en bienes exentos. Sin embargo, dada la mala distribución del ingreso, el decil más rico efectuaba el 31% del gasto total en bienes exentos; consiguientemente, se apropiaba de la tercera parte de un beneficio supuestamente dirigido a los más pobres. 

Gravar la canasta familiar con devoluciones a los más pobres hace todo el sentido. Es una de las pocas medidas económicas que constituye un gana-gana: aumenta la eficiencia del sistema tributario y mejora la distribución del ingreso.

Si el Congreso aprueba gravar la canasta familiar con IVA de 18%, se reduciría la capacidad de gasto del decil más rico en 5% y en 8,8% la del decil más pobre. Por supuesto, si a los más pobres se les compensa por anticipado el pago de IVA, el efecto neto de gravar la canasta familiar sería neutro sobre este grupo poblacional. De hecho, es plausible que algunas familias pobres que mercan en el sector informal reciban compensación por impuestos que nunca pagaron.

La propuesta del gobierno no ha sido bien recibida por varios gremios agrícolas ni la mayoría de congresistas. Haciendo caso omiso de que la crítica suele desconocer que la iniciativa contempla compensar, por anticipado, a los más pobres, quisiera aportar al debate un elemento que suele brillar por su ausencia. Es bien sabido que, por diversas razones, nuestro sector agrícola ha estado protegido de la competencia internacional, bien sea con aranceles o con medidas no arancelarias, incluidas normas técnicas y fitosanitarias. Hay argumentos en favor de la protección –que otros países también hacen, que se tiene una deuda histórica con el campo– que tienen más mérito que otros. Mantenemos con respirador artificial a sectores de baja productividad, privilegiando los intereses de los productores sobre los de millones de consumidores. En ramos de elevada productividad, la injustificada protección genera importantes rentas a los productores, que salen del bolsillo del consumidor.

En un estudio que Fedesarrollo está adelantando para el BID (Arbeláez, Higuera, Steiner y Zuluaga) se ratifica que los productos más protegidos son arroz, azúcar, pollo y leche. Cálculos de la FAO señalan que gracias a la protección comercial, el consumidor colombiano paga sobreprecios que pueden alcanzar 56% en el caso del pollo, 50% en arroz, 32% en azúcar y 24% en leche. Ese sobreprecio sobre los productos más protegidos reduce la capacidad de gasto del decil más pobre en 7,6%. Resulta paradójico que a la vez que no se apoya la propuesta de gravar la canasta familiar (la cual disminuiría el gasto de los más pobres en 8,8% si no hubiese devoluciones), se vea como algo normal una política comercial que al consumidor le cuesta prácticamente lo mismo.

Que los gremios agropecuarios defiendan la protección arancelaria porque con ello se beneficia a los productores que representan, es perfectamente legítimo y entendible. No parece razonable, en cambio, que se opongan a la idea de gravar la canasta familiar argumentando que esa propuesta perjudica al consumidor. Si de verdad les preocupa el consumidor, deberían darle mayor importancia al costo para este de la protección comercial que con entusiasmo suelen defender.

Roberto Steiner
Investigador de Fedesarrollo

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