Rodolfo Segovia S.
Columnista

Colombia demente

Se reconoció que cuando el agente privado gestiona un bien del subsuelo a nombre de la Nación, lo hace en pro del bien común. 

Rodolfo Segovia S.
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Rodolfo Segovia S.
octubre 18 de 2018
2018-10-18 09:04 p.m.
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El título es casi un pleonasmo. La locura ahoga la convivencia. Una manifestación es la alocada manera como se le ha dado vida, en especial durante los últimos 10 años, a las consultas populares, con énfasis en las que tienen que ver con la explotación del subsuelo. Las consultas son un mandato constitucional, cuya inspiración es loable. El abuso, aupado por magistrados torpes, las ha deslegitimado.

Las consultas populares se convocan como instrumentos para proteger derechos, y para tratar de conciliarlos con el interés particular o el colectivo. Justamente, de la no identificación del interés colectivo se deriva la confusión que azota lo minero-energético.

O, más claramente, el principio de que el propietario del suelo no es, en Colombia, el propietario del subsuelo. El subsuelo es de todos los colombianos, o sea un derecho colectivo.

En reciente sensata sentencia, se le puso un tatequieto al abuso de las consultas. En esencia, se reconoció que cuando el agente privado gestiona un bien del subsuelo a nombre de la Nación, lo hace en pro del bien común. Lo que paga por el privilegio (regalías), más los impuestos en el giro de su negocio, van a dar a la caja común (incluida la del municipio sede). Impedir su explotación legal es robarle a lo colectivo.

La propiedad del subsuelo no es óbice para negociar con las comunidades, así como con los rectores del medioambiente, compensaciones por las incomodidades de la explotación. También es obligatorio en una operación legítima, emplear las mejores prácticas para mitigar efectos secundarios. Don Sancho, observando al pirata por entre troneras de San Luis de Bocachica en 1697, reflexionaba sobre qué hubiese sido del imperio español con consultas populares en el Potosí. Hubiesen sido quizá una buena cosa, dadas las horrendas condiciones en las minas. En el Perú de hoy, con mucho más población indígena, van solo 50 consultas este año, mientras que en Colombia pasan de 8.000.

Para muestra un ojal, esta vez de consultas previas, el pariente de las populares. En el 2011, una empresa petrolera inició trámites para perforar en corregimiento de Ovejas (Sucre). El Ministerio del Interior certificó la ausencia de comunidades afectables. En diciembre del 2014, se obtuvo por aparte la licencia ambiental (¡valga la demora!). Poco después, apareció un grupo llamado San Rafael de Galapa, que había sido recientemente certificado por el Ministerio. Se acordó con él en abril del 2014, así como con otro grupo campesino en octubre.

Hubo demoras involuntarias para iniciar trabajos. En diciembre del 2016 aterrizaron los paracaidistas, dos abogados chanchulleros, que pululan en el medio y que convencieron a los galaperos que la consulta previa ¡había caducado! Esa figura no existe, pero, ante tutela, un juez de Ovejas ordenó hacer otra reunión de seguimiento –cuento de nunca acabar– en el marco de la consulta. Allí quedó expuesta la falsedad de ciertos infundios medioambientales, que resultaron ser intereses económicos para pagarle a los tinterillos. Una ronda de asesores como la vivida no es única. Están regados por todo el país como buitres apareándose con avivatos. El pozo aún no se ha comenzado a perforar.
Así va Colombia competitiva: demente.

Rodolfo Segovia
​Exmistro - Historiador
rsegovia@axesat.com

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