En Colombia debemos concentrarnos en aumentar la productividad. Solo así alcanzaremos un crecimiento mayor y sostenido que se traduzca en bienestar para todos los colombianos.
El Consejo Privado de Competitividad (CPC) presenta hoy su Informe Nacional de Competitividad (INC), resultado de un esfuerzo de investigación para consolidar una agenda que le permita al país enfrentar su reto estructural más importante: aumentar la productividad.
Esta entrega del informe anual del CPC es la primera en el Gobierno del presidente Iván Duque. Es, entonces, una oportunidad para hacer un balance de los avances de Colombia en competitividad y para establecer los retos pendientes. En la línea del Pacto por Colombia, promovido por este gobierno para “proyectar juntos el país que queremos construir en los próximos años”, el diagnóstico y las recomendaciones propuestas en el INC son el principal aporte del CPC para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, y para la priorización de las acciones de política pública de las entidades del Gobierno Nacional.
Por un lado, el progreso reciente de Colombia es innegable, en múltiples frentes: inversión en infraestructura, cobertura en salud y educación, atracción de inversión, solidez macroeconómica, reforma a las regalías, fin del conflicto con las Farc, ingreso a la Ocde, y reducción de la pobreza, de la desigualdad, del desempleo y de la informalidad laboral, son solo algunos de los logros recientes del país. Sin embargo, por cada logro hay una tarea aplazada. Colombia debe acelerar el paso para lograr cambios estructurales y, así, mayor competitividad. Hoy, el reto es consolidar los avances que se han dado en la dirección correcta, y actuar con decisión para avanzar en los que están pendientes.
El desempeño reciente de Colombia en los indicadores internacionales de competitividad confirma que la tarea continúa. Más allá de los avances que se dieron en algunos periodos y de los cambios metodológicos, desde el 2015 se observa una caída en los tres indicadores más empleados a nivel internacional: en el Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial (WEF), Colombia pasó del puesto 61 entre 140 países en el 2015 al puesto 66 entre 137 en el 2017 y, con la nueva metodología, del puesto 57 entre 135 al 60 entre 140; en el Anuario de Competitividad Mundial del Instituto para el Desarrollo de la Gerencia, el país descendió del puesto 51 en el 2015 al 58 en el 2018, y en el escalafón Doing Business del Banco Mundial, de la posición 51 a la 65 en el mismo periodo.
En primer lugar, para avanzar es necesario mejorar las condiciones habilitantes de la productividad. Tenemos el costo de transporte más alto de América Latina, escasez de talento técnico calificado acorde con las necesidades del sector productivo, instituciones precarias y bajas capacidades estatales para solucionar problemas como la corrupción y para garantizar la presencia del Estado y la provisión de bienes públicos.
En segundo término, es fundamental optimizar el funcionamiento de los mercados. La economía colombiana es aún cerrada por cuenta de barreras no arancelarias y engorrosas operaciones de comercio exterior. Asimismo, la inflexibilidad del mercado laboral y la captura de rentas por parte de algunos grupos de interés han generado distorsiones que impiden que los factores de producción se muevan a los sectores más productivos. Hay también un exceso de regulación costosa y un sistema tributario ineficiente; los impuestos siguen concentrados en pocas empresas y el recaudo es bajo.
En tercer lugar, Colombia debe apostarle con decisión a la innovación empresarial. Hay desarticulación y problemas de gobernanza que impiden que la escasa inversión en ciencia, tecnología e innovación (CTI) aporte a la productividad del país. Nada indica que la meta de que Colombia invierta 1 por ciento del PIB en actividades de CTI se hará realidad en el mediano plazo. El Gobierno ha fallado en tener una estrategia clara en esta materia y el Conpes de CTI nunca vio la luz.
Adicionalmente, de manera transversal, es fundamental: primero, que el Gobierno se comprometa con una política pública de calidad que garantice el mejor uso de los recursos y la protección del interés general, que asuma el costo político de enfocarse en lo estructural, y que rinda cuentas sobre la implementación de su estrategia; y segundo, que la sociedad civil y los empresarios se enfoquen en la productividad y no solo en la rentabilidad de corto plazo, que no obstaculicen los cambios necesarios para alcanzar la visión de largo plazo, y que hagan veeduría de los avances y del cumplimiento de metas.
Hace doce años nos propusimos ser uno de los tres países más competitivos de América Latina. Sin embargo, desde entonces Colombia solo ha logrado avanzar un puesto en la región en el ranking del WEF. Hoy, el país ocupa la quinta posición, aparentemente cerca de lograr la meta, puesto que en una escala de 0 a 100 se encuentra a 1,1 puntos del tercero, Uruguay.
Sin embargo, el país está recortando su distancia a la frontera a una velocidad menor que la del promedio mundial y regional. Entre el 2017 y el 2018, los 140 países del WEF mejoraron en promedio 0,5 puntos, América Latina lo hizo 0,2 puntos, y el avance de Colombia fue de tan solo 0,1. A ese ritmo no avanzaremos en competitividad. Llegó la hora de acelerar.
Rosario Córdoba Garcés
Presidenta del Consejo
Privado de Competitividad.
