Pago por servicios ambientales

Luego del doloroso desastre en Mocoa, muchas voces se han unido para señalar la importancia de tener planes e instrumentos para gestionar el riesgo y reducir la vulnerabilidad de nuestros territorios al cambio climático. ¿Qué significa esto en la práctica? El riesgo no es más que la probabilidad de que una amenaza se convierta en un desastre, y esa posibilidad aumenta en la medida en la en que haya mayor vulnerabilidad. Es por eso que cuando se toman decisiones y se implementan soluciones que reducen la vulnerabilidad de una región, los riesgos pueden reducirse o manejarse.

Mocoa se encuentra en una zona de amenaza de inundaciones y deslizamientos por la cantidad de precipitación, por los ríos que la rodean y por su ubicación junto al piedemonte. Ligado a esta amenaza está la vulnerabilidad que se presenta por la falta de planeación de la ciudad y las altas tasas de deforestación. A pesar de las alertas desde el 2012, o incluso anteriores, no se actualizó el POT y se permitió la urbanización en muchas de las zonas hoy destruidas.

Así mismo, el departamento tiene una de las mayores tasas de deforestación del país. Las principales causas son ganadería extensiva y los cultivos ilícitos, que se dan por la debilidad de las autoridades en el control del uso del suelo.

De esta manera, la amenaza y la alta vulnerabilidad, causada por malas decisiones y falta de cumplimiento de la normatividad, se han traducido en desastres. El Índice Departamental de Competitividad, calculado por el Consejo Privado de Competitividad y la Universidad del Rosario, evidencia las debilidades del departamento de Putumayo en sostenibilidad ambiental, en particular en la variable de tasa de afectación de personas por desastres naturales.

Esto hace pensar que se requieren nuevos instrumentos para reducir la vulnerabilidad y gestionar el riesgo. Uno de ellos son los pagos por servicios ambientales (PSA). Estos pagos son un reconocimiento a los servicios que provee un ecosistema, y buscan dar los incentivos correctos a los propietarios de los terrenos para que conserven esos ecosistemas. Por ejemplo, en el caso de Mocoa, un PSA unido a una correcta planeación del uso del suelo hubiera podido servir para frenar la deforestación que llevó a la tragedia.

En Colombia, las autoridades ambientales han trabajado en diseñar un esquema de PSA que puede representar una oportunidad para reducir la vulnerabilidad en otras zonas del país. Para que este mecanismo sea realmente eficaz, es fundamental que su diseño esté enfocado al objetivo de conservación y que su focalización permita proteger aquellas zonas con mayor importancia por los servicios que proveen.

En el país, la discusión sobre la aplicación del PSA se ha centrado en priorizar las zonas de posconflicto, las cuales, por supuesto, tienen riesgo de deforestación por nuevas actividades económicas. Sin embargo, esta priorización puede impedir que el esquema llegue a otras zonas de igual o mayor importancia ambiental, como los alrededores de Mocoa, o localidades con condiciones similares. Por esto, es fundamental pulir el diseño y la focalización de los nuevos instrumentos de manera que se aproveche su potencial.

Colombia es uno de los países más vulnerables al cambio climático y cuenta con una baja capacidad de adaptación. Si el país no es capaz de gestionar el riesgo y utilizar los instrumentos que tiene para reducir la vulnerabilidad de estas poblaciones, es de esperarse que los eventos climáticos extremos, como las lluvias torrenciales en Mocoa, sean cada vez más frecuentes y costosos.

Presidenta del Consejo de Privado de Competitividad