Luego de meses de incertidumbre, el Gobierno radicó el pasado miércoles el proyecto de reforma tributaria estructural. Para sorpresa de muchos, la propuesta no difiere sustancialmente de lo planteado por la Comisión de Expertos Tributarios en su Informe Final de diciembre de 2015. Eso sí, presenta algunas mejoras, al tiempo que unas cuantas divergencias.
Resulta notable destacar para el proceso de discusión que sigue la relevancia de crear una comisión de estudio del gasto público y de la inversión en Colombia. Si bien es cierto que se requiere aumentar el recaudo para financiar las múltiples necesidades del país, también lo es que la calidad y la eficiencia del gasto dejan mucho que desear, como quedó demostrado en un estudio reciente del Departamento Nacional de Planeación.
La propuesta de la administración es una reforma estructural que busca la simplificación, la equidad y la progresividad del sistema tributario, a la vez que incentiva la inversión para el empleo formal y el crecimiento, así como aumenta el recaudo para el sostenimiento de la inversión pública.
De aprobarse tal y como se presentó, no solo se alcanzarían estos objetivos, sino que se detendría la caída del recaudo prevista a partir del 2018, cuando desaparezcan algunos tributos; además, los ingresos aumentarían de 14,9 por ciento del PIB en el 2017 a 16,8 por ciento en el 2022. El anterior sería un logro importante para un país que recauda poco de acuerdo con su nivel de desarrollo y que mantiene enormes necesidades en materia de infraestructura, salud y educación.
De igual manera, la reforma mejoraría la distribución del ingreso después de la tributación, algo que no sucede actualmente.
También es positiva la prioridad que se le da al control de la evasión. Cabe recordar que el fisco pierde cada año alrededor de 40 billones de pesos por cuenta de esta práctica. No obstante, la iniciativa se queda corta en los mecanismos que plantea para lograr este mismo objetivo y, por ende, se aleja de lo recomendado por la Comisión de Expertos.
Ahora bien, mejorar la competitividad y la eficiencia económica implica, necesariamente, transitar del sistema tributario actual, basado en la alta tributación de unas pocas empresas (3.441) y personas, esencialmente asalariadas, hacia uno más equitativo y progresivo en el que más compañías y más gente tributen. De ahí la importancia del proyecto de incorporar en la base de sujetos naturales unos 440.000 nuevos contribuyentes.
Es clave aclarar que, aun con esta ampliación, el 90,3 por ciento de quienes reciben ingresos continuaría sin pagar un centavo en impuestos directos.
De otra parte, hay que desmitificar la creencia, utilizada políticamente, de que hacer más amplia la base del IVA o subir la tasa general unos puntos va en detrimento de los más pobres. Con esta excusa, se deja por fuera de este tributo o en la categoría de exentos un sinnúmero de bienes y servicios con un alto costo para el fisco, en términos de recaudo y devoluciones.
La progresividad no se alcanza exonerando a toda la población del pago del IVA, sino dando un mayor alcance a su cobertura, para que quienes consumen más paguen el impuesto y así se logre mejorar el recaudo. Los mayores ingresos, a su vez, podrían utilizarse para progresar en las condiciones de los más necesitados por la vía de políticas focalizadas.
Es hora de tener una discusión seria sobre el sistema tributario que exige Colombia, debido a que mantener el actual sería un grave error y atentaría contra el desarrollo tanto económico como social del país.
Rosario Córdoba Garcés
Presidenta del Consejo Privado de Competitividad
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