En el país, hay consciencia e interés general de superar el evidente subdesarrollo rural. Sin embargo, los acuerdos del Gobierno con la guerrilla de las Farc, dominan el enfoque con que aspiraríamos a salir de semejante atraso.
Considero que esta orientación está pensada en medio de un análisis sobresimplista, que define la tenencia de la tierra como factor fundamental, y casi único, que ha limitado el desarrollo rural. Es preciso señalar que el segundo acuerdo de paz, llamado “Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”, se firmó como si fuera un acuerdo diferente al anterior, atreviéndose a expresar en el enunciado, que contenía un mandato ampliado, acompañado incluso por los que se habían opuesto al primer acuerdo. Con esto, buscaban una fórmula ‘jurídica y constitucional’ para evadir la refrendación del pueblo –la cual dio su voto negativo el 2 de octubre– y que pudiera ser avalada por la Corte Constitucional para que luego fuera el Congreso de la República el que aprobará el segundo acuerdo, en nombre y representación del pueblo.
Desde que el Gobierno y guerrilla iniciaron las conversaciones, esta centró su atención prioritariamente en la reforma rural integral. En los documentos suscritos por los negociadores incluidos los del gobierno, se aceptó en el punto de negociación sobre la ruralidad que “este acuerdo debe contribuir a reversar los efectos del conflicto y a cambiar las condiciones que han facilitado la persistencia de la violencia en el territorio; y que a juicio de las Farc-EP dichas transformaciones deben contribuir a solucionar las causas históricas del conflicto, como la cuestión no resuelta de la propiedad sobre la tierra y particularmente su concentración, la exclusión del campesinado”.
Y alrededor de estos conceptos, dignos de analizar y profundizar, los analistas de los medios del país han recogido la tesis que la principal razón del conflicto es la tierra, de lo cual discrepo profundamente. En esta evaluación la guerrilla, negociadores y analistas económicos y sociales, no analizaron, con mayor profundidad cuáles han sido las razones de nuestro atraso en la ruralidad y las motivaciones para mantener un conflicto que surge del enfrentamiento de los partidos políticos y que luego muta hacia el enfrentamiento de los amigos y enemigos de la democracia.
No se puede desconocer que elementos como la corrupción, la falta de cobertura en educación, salud, justicia y seguridad, así como de una política agropecuaria piscícola y agroindustrial, han contribuido fuertemente a que mantengamos la ruralidad marginada de los espacios de desarrollo.
Esta sobreponderación del tema de tierras se refleja en la avalancha de disposiciones en este frente que, paradójicamente, resultarán contraproducentes, no solo para el desarrollo rural, sino también para el crecimiento de la economía del país. Los acuerdos se vienen concretando a través de proyectos de ley que están llevando al Congreso, y decretos que se están expidiendo por parte del Ejecutivo, como el Decreto Ley 092, y 30 más. Con certeza, estas normativas frenarán el desarrollo de la ruralidad en sectores como el de energía, petróleo, minería, agroindustria e infraestructura.
Es así, como en el acuerdo 1 y en el Decreto Ley 902 , se determina la participación y consulta con las comunidades, en relación con la formación catastral y con la definición del cumplimiento de las normas ambientales, temas que, al ser definidos en consultas o intervenciones populares, podrán paralizar el desarrollo de las regiones y el país, por consideraciones más políticas que técnicas.
Evidentemente, estas medidas tienden a desestimular el crecimiento de sectores estratégicos que impulsan el desarrollo rural y la inversión privada de gran escala en el campo. Para hacerse una idea del impacto negativo, basta con saber que el sector petrolero le aportó al desarrollo social y económico del país cerca de 124 billones de pesos en los últimos catorce años.
En materia agrícola, el tamaño de las inversiones que se requieren en los proyectos productivos que jalonarían el desarrollo, exceden las posibilidades reales del Gobierno y los pequeños productores, básicamente por sus restricciones financieras y de bajo nivel de acceso al crédito del sector financiero, el cual solo financia actualmente el 19 por ciento del campo.
Se dimensionan las inversiones necesarias en los cultivos estratégicos del país, al conocerse que,sin considerar el precio de la tierra, el cultivo de escasas 100.000 hectáreas de palma, cacao, caucho o forestales implica una inversión de 1.800’000.000.000 de pesos, es decir, 600 millones de dólares. Esta cifra representa el presupuesto de Ministerio de Agricultura en un año.
Esto significa que las aspiraciones de desarrollo rural solo se podrían lograr si el Estado, el capital privado (nacional y extranjero) y los campesinos nos unimos para trabajar en equipo. No obstante, estamos comprometiendo el futuro del desarrollo económico y social del país, con un desacertado enfoque de desarrollo rural no integral, que resultará contraproducente.
