Hace un par de semanas apareció en El Tiempo una noticia sobre una denuncia penal que, personalmente, le puso el Vicepresidente a un exalcalde de Coveñas por “presunto interés indebido en la celebración de contratos sin cumplir los requisitos legales”. El exalcalde había girado la mitad de los recursos (7.123 millones de pesos) que provenían de regalías y se deberían destinar a obras para prevenir la erosión de playas, sin contar con la licencia ambiental para el proyecto. El nuevo alcalde liquidó el contrato porque la ejecución era incipiente, y el DNP tuvo que suspender el giro del otro 50 por ciento de los recursos. La nota periodística no informa si se recuperó el anticipo.

La justicia tendrá que pronunciarse sobre este caso particular, pero si se comprueba que, en efecto, hubo corrupción, no sería un ejemplo atípico de cómo se esfuman los recursos públicos vía contratos de obras que se celebran mediando intereses particulares y sin el cumplimiento de todos los requisitos.

Hace unos años, en un seminario promovido por El Cerrejón, en Riohacha, salió a la luz un documento de Planeación Nacional en el que se mostraba que el único municipio de ese departamento que había progresado en calidad de vida era precisamente el que menos recursos de regalías había recibido y ejecutado (San Juan del Cesar). Los exalcaldes y exgobernadores presentes se disculparon haciendo énfasis en el número de contratos que cada uno había celebrado y se indignaron cuando se les dijo que, justamente, el problema había sido la contratación.

Cuando se concibió la descentralización en la Asamblea Constituyente de 1991 no se previó la necesidad de una superintendencia de gobiernos locales. Se creyó que la sociedad civil iba a fortalecerse con la descentralización y que fiscalizaría a los alcaldes, como sucede en varias localidades de las grandes ciudades en las que líderes comunitarios, párrocos ,en algunos casos, han instituido veedurías ciudadanas para la ejecución de las obras públicas.

La decisión del Vicepresidente de acusar a este exalcalde ante la Fiscalía va a tener consecuencias positivas, pues va a servir de ejemplo sobre lo que se puede hacer para impedir que prospere esta forma de corrupción. Ser pillo no paga si alguien los demanda.

Pero el ímpetu centralista que se ha observado en los medios de comunicación, entre los gremios de constructores, y en el Gobierno Nacional tiene que ejercerse con prudencia. Cuando hay un conflicto de competencias entre el Gobierno Nacional y las autoridades locales no se puede imponer arbitrariamente el punto de vista, o la voluntad de la administración central, que indudablemente es más fuerte y dispone de medios efectivos de persuasión, o sometimiento. El problema con esa forma de ejercer el poder central, aun en casos en los cuales no hay intereses privados de por medio, es que puede ser violatoria, o por lo menos ir en contravía de la Constitución de 1991, que todavía está vigente. Con todos los defectos que tiene la descentralización, sigue siendo un modelo de gobierno más democrático que el centralismo.

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En contraste con el dolor provocado por la muerte de Juan Mario Laserna, ha sido grato verificar cuanta gente lo quería.


Rudolf Hommes R.
Exministro de Hacienda
rhommesr@hotmail.com