La mayoría de las víctimas del conflicto armado han sido desplazadas. De un total de 7,9 millones de víctimas, 7,4 millones se han refugiado en las ciudades.

De acuerdo con el Registro Único de Víctimas de la Unidad de Víctimas del Gobierno, antes de 1985 habían sido desplazadas 137.000 personas por la violencia. Entre 1985 y 1996 fue creciendo, año tras año, el número de desplazados, para llegar a un total de 531.700 en el periodo. Entre 1997 y 1999 se desplazaron 714.800 personas adicionales. En el 2000 se duplicó el número de refugiados, y entre ese año y el 2008 fueron desplazados 4’485.360 campesinos, cerca de medio millón por año.

Este flujo se redujo casi a la mitad en el 2009, y se mantuvo más o menos estable hasta el 2014, con un promedio de 222.590 desplazados por año, y un total en el periodo de 1’335.550.

En el 2015, el número de desplazados disminuyó a 137.670, y la última cifra publicada para este año es de 17.979. Colombia es el país con el mayor número de desplazados en el mundo (Nick Miroff, Peace won’t bring back their homes, Washington Post, septiembre 6 de 2016).

Con la perspectiva de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, es un milagro que esta migración forzosa no hubiera dislocado las ciudades receptoras y que Colombia haya podido manejar este problema, mal que bien. Pero se les ha puesto una carga demasiado grande a las víctimas y no se ha amortiguado suficientemente el sufrimiento humano y el costo social.

Los refugiados internos no viven en Colombia en carpas, en campamentos, sino en barriadas en casas de ‘paroy’, y, en la mayoría de los casos, han tenido que valerse por sí mismos para poder sobrevivir.

En el acuerdo no se tiene en cuenta qué pasa con los desplazados que no regresan al campo, y personas que han participado en la negociación dicen que poco se ha previsto para las ciudades porque el ‘énfasis’ es en el campo.

Con razón, dicen los líderes comunales de barrios populares en Bogotá, que le están haciendo campaña al SÍ, pero que no saben qué les traerá concretamente a los habitantes de sus comunidades en la ciudad la victoria en el plebiscito, especialmente porque gran parte de ellos provienen del campo y no pocos son desplazados.

Entre estos últimos hay muchos que ya han decidido permanecer en la ciudad y no volver a sus sitios de origen. “La vida que ellos recuerdan ya no existe”, dice Alan Jara.

Si el acuerdo de paz no aporta soluciones, ni contiene ideas aplicables para resolver el problema en el posconflicto, en los barrios más pobres de las ciudades se debe poner en marcha un programa de mejoramiento de la calidad de vida, con un enfoque comunitario, similar al que se ha acordado para la reforma rural integral que quedó descrita en el primer punto del acuerdo de paz.

Estos programas deberían ser responsabilidad de los gobiernos municipales. Fieles a la filosofía y a los objetivos del acuerdo, el enfoque debe ser empoderar a la comunidad para que transforme sus condiciones de vida.

El énfasis será educación, salud, y la organización de una economía comunitaria que cree empleo, provea un apoyo económico para los desempleados y los necesitados, y genere seguridad y bienestar. Es clave la legalización de la propiedad urbana y la normalización de servicios domiciliarios.

Exministro de Hacienda
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