A dos meses de ir a las urnas para elegir las administraciones locales para el periodo 2016 - 2019, cobra relevancia la reflexión sobre las prioridades a tener en cuenta por parte de los nuevos gobernantes. Planear con visión de largo plazo, garantizar el desarrollo urbano formal, promover la inversión y atender de forma efectiva las carencias en materia de vivienda que enfrenta la población, deben hacer parte, necesariamente, de la lista de estrategias.
La responsabilidad es grande. El 76 por ciento de las personas habita en centros urbanos, la pobreza concentra el 66 por ciento del problema en las ciudades, el desarrollo de actividades económicas en los centros poblados representa el 86 por ciento del PIB y las fuentes de empleo en las urbes generan el 82 por ciento del total de los puestos de trabajo de los colombianos. Eso implica que cualquier política pública de promoción social o productiva debe encontrar en las estrategias locales de desarrollo urbano un aliado que potencialice sus efectos y no un verdugo que las limite.
Hay cientos de recetas y recomendaciones sobre el quehacer en la política urbana, y los planes de gobierno suelen estar cargados de una semántica idílica sobre el futuro de las ciudades. Se habla de la inclusión, cohesión, sostenibilidad y otros conceptos convincentes para el ideal colectivo de los ciudadanos. Sin embargo, en la práctica, la planeación y gestión de nuestras ciudades adolecen de acciones mínimas que garanticen el desarrollo de un modelo coherente con las necesidades sociales y las realidades económicas.
Nos hemos acostumbrado al patrón del desarrollo urbano informal de nuestras ciudades. Se hace evidente cada vez que se ingresa a los centros poblados del país, encontrar un común denominador asociado a procesos de suburbanización, comercio informal, asentamientos irregulares y concentración de otros problemas sociales derivados de la falta de planeación y ordenamiento del territorio, olvidándose del precepto constitucional que le dicta a las administraciones locales el deber de atender estos temas con los instrumentos legales para la planeación y gestión del suelo.
Entonces, ¿cuáles son las acciones mínimas que deben adoptar hoy los gobiernos locales para planear las ciudades? La base debe ser un preciso análisis de las dinámicas demográficas y sus tendencias, una lectura detallada de las necesidades sociales, un mapa de las potencialidades económicas, el reconocimiento del entorno regional, y hacer del desarrollo urbano un pilar de la productividad. En todas las anteriores, la gestión eficiente del suelo, el fomento de la inversión privada, la incorporación del mercado, la estabilidad jurídica y la visión de largo plazo son los elementos centrales.
Se ha parcializado la discusión del modelo de ciudad entorno a su crecimiento. Mientras se hace apología a la densificación y se condena la expansión bajo la idea equívoca de la exclusión, el crecimiento informal sigue su camino rampante. No se puede esperar más. El modelo de desarrollo de la ciudad debe responder a una mezcla de estrategias que promuevan el uso eficiente del suelo y la renovación, con el soporte urbano necesario, y que se planee ordenadamente su inevitable crecimiento.
Desde el sector privado planteamos estas reflexiones en el marco del Congreso Colombiano de la Construcción 2015, con la premisa de brindar una caja de herramientas para las nuevas administraciones y de hacer que, con la suma de proyectos constructivos, se aporte a construir verdaderas ciudades de calidad.
Sandra Forero Ramírez
Presidenta Ejecutiva de Camacol