El Doctor Moisés Wasserman (sí, con D mayúscula porque tiene doctorado y posdoctorado) puso en incómoda evidencia pública (“15 años de transgénicos en Colombia” - El Tiempo, 1 de octubre) a un grupo de congresistas, liderados por el representante Juan Carlos Lozada y la senadora Angélica Lozano, quienes, casi a hurtadillas, impulsan una reforma a la Constitución, que pretende prohibir la importación de semillas transgénicas (GMC, por sus siglas en inglés).
Arguyen, en una extensísima ponencia, que estas semillas han perdido sus beneficios y que, incluso, han obligado a aumentar el uso de herbicidas, fungicidas y pesticidas. Hasta alcanzan a insinuar la extendida perorata de las mutaciones para quien las consume, como si una arepa de maíz importado nos fuera a convertir en Godzilla.
Lozada tiene amplia experiencia como locutor radial e instructor de yoga, mientras que la senadora es abogada y promotora incansable de las normas contra la corrupción y los derechos de las comunidades diversas.
El Doctor Wasserman, por su lado, es bioquímico, fue investigador del Instituto Nacional de Salud y, nada menos, rector de la Universidad Nacional de Colombia y es, desde 2002, el presidente de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales.
No gastaré líneas en la magistral columna del Doctor Wasserman, quien advierte sobre la gran equivocación del pretendido acto legislativo. Dejo a los lectores para que la consulten y tomen su decisión al respecto. Lo que sí quiero aportar a sus reflexiones es al hecho de que el país importa casi el 90% del maíz que consume, porque el que pretenden proteger los congresistas no es productivo, ni limpio, porque requiere muchos químicos. Esto impide además, consumir un producto más barato y de mejor calidad.
Entre 2017 y septiembre de 2020, el país importó US$3.573 millones y US$1.518 millones de maíz y trigo, respectivamente. ¡Entre ambos productos, 9 millones de toneladas!
Colombia debe volver a la autosuficiencia alimentaria, y en eso estoy de acuerdo con los legisladores. Pero con variedades locales no lo lograremos.
Ni por costos ni por productividad. Porque si así fuera, ya lo estaríamos haciendo. De prosperar la prohibición, tendremos que ampliar más la frontera agrícola y asumiremos mayores precios, e inflación, en los alimentos básicos de los menos pudientes: la arepa de maíz y el pan de trigo.
Mientras que el resto del planeta acoge los avances tecnológicos y reglamenta sus usos, para que no pongan en peligro la salud humana, evitando así el apocalipsis maltusiano de la hambruna por sobrepoblación, en nuestro país, un grupo que quiere sacar tajada electoral del tema, pretende prohibir “el ingreso, así como la producción, comercialización, exportación y liberación de semillas genéticamente modificadas”, como dice la ponencia.
Deberían ocuparse los promotores de la populista norma, de dictar un código penal ambiental contra la tala, la minería ilegal, la apropiación de tierras baldías y otras conductas de personas que esperan que su proyecto de ley surta ocho debates para derribar selva y sembrar maíz y trigo donde no existen condiciones para que prosperen.
Sergio Calderón Acevedo
Economista
