El recién aprobado el presupuesto general de la Nación deja en evidencia, una vez más, la necesidad de una reforma estructural y radical a las finanzas públicas. Integral, porque hay problemas en los ingresos y en los gastos. No es realista seguir montados en un esquema de ingresos donde los impuestos representan la mitad del fondeo total. Y peor si dos de ellos responden por 85% del recaudo tributario.
También es irresponsable basar la cuarta parte del ingreso total en endeudamiento. Ya debemos demasiado y, con razón, los jóvenes que aún no ingresan al mercado laboral reclamarán porque heredarán unas cargas impagables cuando ellos las asuman con sus impuestos. ¿Quién, en la Dirección General del Presupuesto, cree que es normal que los recursos de endeudamiento sean tan importantes como los ingresos operacionales de una empresa? Por lo menos eso representa la emisión de bonos que reemplazó al Banco de la República desde de 1991, como si eso no fuera emisión.
También está el débil supuesto de la enajenación de activos por $ 12 billones. Una privatización toma mucho tiempo, y tomará más con las seguras demandas que interpondrán Cepeda, Barreras, Petro y los demás conspiradores que aspiran a materializar un derrocamiento del legítimo gobierno. Además, ¿qué aspiran vender? ¿Unos vetustos inmuebles, que necesitan ingentes inversiones, y en medio de una crisis inmobiliaria, con exceso de oferta de espacios industriales y comerciales?
Pero lo peor está en la cuenta de “otros recursos de capital” por la friolera de $26 billones, y que nadie explica. Es el típico latinismo del “ahí vemos cómo lo resolvemos”. De las 189 páginas del proyecto de ley del presupuesto, hay únicamente cuatro (incluida la carátula) dedicadas a los ingresos. Y, de los $314 billones necesarios, 26.199.589.898.771 provendrán, como dicho, de la cuenta “otros recursos de capital”, identificado con el código 2.0.00.2.14. Lo único que ha aclarado el Ministro de Hacienda al respecto, ante las comisiones económicas del Congreso, es que ellos son “fundamentalmente de Tesorería”. Así sí se entiende. En ninguna parte del proyecto de ley se explica realmente de dónde vendrán esos recursos ni cómo se calculó ese monto.
El verdadero problema para resolver es que Colombia tiene una de las presiones tributarias (relación entre impuestos y PIB) más bajas del mundo: 15%. La de Francia es 47% y la más baja de Europa es la de Irlanda, en 25%.
A muchos analistas se les llena la boca diciendo que nuestras tarifas de impuestos son las terceras más altas del mundo. Puede ser cierto, pero no sirve de nada si hay más huecos en el estatuto tributario que en un queso Emmental, y si seguimos permitiendo que gente, como un expresidente, tenga un lugar de residencia de más de 11 mil millones de pesos y declare un patrimonio total de $6.500 millones. La tal penalización a la evasión es, como tantas normas, un saludo a la bandera. Mientras tanto, los que elaboran el presupuesto juegan a las sillas musicales: esperan que sea el próximo gobierno al que le estalle el problema.
En la próxima hablamos del gasto.
Sergio Calderón Acevedo
Economista
