Los expertos en los temas de finanzas públicas afirman que las posibilidades de recortar el gasto son muy limitadas, por su carácter inflexible. En principio, tienen razón: no es posible reducir los salarios de maestros, soldados y jueces, sin crear un malestar social peligroso para la gobernabilidad. Tampoco es viable reducir las pensiones del sistema de reparto, que ahora son responsabilidad del presupuesto nacional porque las reservas se agotaron. Y no es siquiera pensable renegociar la deuda que Juan Manuel Santos y sus ministros de Hacienda triplicaron, a pesar de la bonanza petrolera que despilfarraron.
Dentro de 71 días, el nuevo presidente deberá encontrar una manera inmediata de reducir el gasto del sector central, en un nivel tal, que le permita detener la hemorragia y proponer una baja de impuestos que reanime al agonizante sector productivo.
Algunos rubros que podrían puntear la lista de reducciones:
* Ha vuelto a ser foco de atención la famosa Agencia Logística de las Fuerzas Militares. Y lo es porque han sido descubiertos más casos de corrupción en la compra de provisiones para el sector Defensa. Con sobrecostos de más de 50 por ciento en una entidad que gasta casi un billón de pesos, la desburocratización y desinfección de esta agencia podría aportar varios millardos al plan de austeridad.
* También se han conocido varios casos nuevos de corrupción rampante en los suministros de alimentación a niños y otros segmentos vulnerables de la población. La mayor parte de los recursos del PAE proviene del Ministerio de Educación, del Sistema General de Participaciones y de las regalías que el Estado gira a los territorios. Todos ellos son controlables desde el Gobierno Central y allí, con la gerencia y el control que ahora no tienen, podría ahorrarse una buena cantidad de dinero. Dejar de comprar tamales a 30 mil pesos a ladrones con conexiones debe ser una prioridad del próximo gobierno.
* El servicio de la deuda pública sí puede tener reducciones significativas. El nuevo gobierno debe tomar la decisión de no monetizar los ingresos extraordinarios por el incremento de los precios del petróleo, y destinar la parte que le corresponde al Estado como renta a amortizar anticipadamente parte de la deuda externa.
* Según la Secretaría de Movilidad de Bogotá, en el 2015 había en la ciudad casi 17 mil vehículos oficiales, de los cuales casi 6 mil eran motocicletas, seguramente muchas de la Policía. Quedan 11 mil, en los cuales son prestados muchos servicios, pero también son transportados, con su respectivo conductor, y en muchos casos con escoltas, miles de funcionarios y protegidos que no necesitan el servicio. En algunos países europeos los parlamentarios, los ministros y hasta los jefes de gobierno llegan al trabajo en bicicleta o en bus. Si aquí se hiciera lo mismo, los ahorros serían incalculables.
* Finalmente, en el sector presidencia fue montado un gabinete paralelo, de ‘altos consejeros’, que nos está costando casi un billón de pesos. Su desmonte puede ser inmediato y sin traumatismos, porque su incidencia es nula. Con los ministerios existentes, y no con más, como demagógicamente propusieron algunos candidatos perdedores en las elecciones de ayer, Iván Duque y Marta Lucía Ramírez podrán realizar una mejor gestión de gobierno.