Tres mayores, cinco coroneles y un general fueron retirados del servicio activo del ejército, en el último escándalo de corrupción de las fuerzas militares. En dos resoluciones que tienen 95% de contenido preambular y apenas tres escuetos artículos resolutivos, los coroneles y mayores son llamados a calificar servicios, porque el “retiro garantiza la renovación o el relevo del personal uniformado dentro de las escalas jerarquizadas de la institución y permitir con ello el ascenso y la promoción de otros militares”.
La verdad es que estos ciudadanos aparentemente cometieron delitos que hubieran aterrizado en la justicia ordinaria si los hubiéramos cometido cualquier mortal ajeno a la casta verde. Y lo peor es que fue la investigación de un medio la que precipitó el mea culpa y los sonrrojos de las autoridades.
Porque si no fuera por la extensa crónica de Semana, seguramente esto hubiera sido despachado por asuntos internos, se hubiera negociado la salida de estos trúhanes con jugosas indemnizaciones y san se acabó. Como seguramente culminan 99,9% de los casos de los cuales no nos enteramos.
Este caso se concatena, aunque no lo parezca, con los reiterativos saqueos y robos de militares y policías que han sido expuestos en los últimos meses. La crónica de marras replica el testimonio de un implicado que afirma que una agencia de EE.UU. aportaba recursos para adquirir los equipos de espionaje y que “algunos (militares) se quedaban con una parte de ese dinero y fabricaban informes ficticios para legalizar esos recursos con los gringos”.
A los que cuestionan el comportamiento de los antiguos héroes de Colombia (los de ahora usan batas y no portan armas de fuego) los “perfilan”. En moneda dura, esto significa averiguar todo lo posible sobre una persona, para usar esa información para un eventual desprestigio o, algún día se sabrá, para extorsionarlo.
Ella es obtenida en redes sociales y en fuentes públicas, pero otra accesando bases de datos que solo pueden ser consultadas con orden judicial, que, por supuesto, no tienen, como el Runt, el pasado judicial o la historia crediticia, sin mencionar el historial de navegación.
Los forajidos de careta antivirus, cuyo costo es “secreto de estado”, van a argumentar que todo es público y que la perfilación es parte de su rutina. Pues no, no en este caso, en el cual recogen información sensible de comunicadores, políticos y ciudadanos de a pie. Deben hacerlo incluso internamente, para detectar sus propias manzanas podridas.
No creo que mis columnas (“A robar, marrrr”, “A robar (más), marrr”, “Se emborrachó la policía” y “A reconstruir la casa”, por solo mencionar algunas que critican la corrupción de las fuerzas armadas) me hayan hecho merecedor al perfilamiento de los inteligentes uniformados, pero les ahorro cualquier esfuerzo, porque no encontrarán más: voy a la universidad dos veces a la semana, saco a mi perra a pasear tres veces al día, ando en moto y mi cantante favorito es Joaquín Sabina. Lo demás ya lo saben, tienen mis cuentas en redes sociales y acceso a todas mis columnas de este diario y de los demás, de los últimos cuarenta años.
Sergio Calderón Acevedo
Economista