Sergio Calderón Acevedo
Columnista

Secreto de Estado

Mientras los guardianes de esta información confidencial se escudan en argumentos leguleyos, el país trata de reactivar su economía.

Sergio Calderón Acevedo
POR:
Sergio Calderón Acevedo
febrero 08 de 2021
2021-02-08 07:30 p. m.
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La información completa de las operaciones de comercio exterior es vital para muchos propósitos y para agentes económicos como gremios, empresas, investigadores, académicos, abogados y el gobierno. Sin ella, no se puede aspirar a mejorar la competitividad, pues los que ejercen prácticas depredadoras se aprovechan de la ignorancia e incurren en dumping, en trampas contables, en falsedad en la facturación o en contrabando.

Formular una política industrial, o proponerla desde la academia, es imposible si no se conoce en detalle el origen, los precios de las transacciones, los agentes involucrados (productores, importadores, exportadores, etc.). Ocultar la información de las operaciones aduaneras solo contribuye a deteriorar aún más el tejido industrial e impide que un productor identifique mejores fuentes de materias primas o nichos para sus bienes.

Cualquiera que haya hecho una operación de comercio exterior entiende que la información que entrega a la aduana es requisito legal y que ella no oculta algo ilícito ni revela cosas que la competencia, los proveedores, los clientes o cualquier agente económico no conozca en un mundo hiperconectado.

Por fuerza de ley (Ley 863 de 2003), se estableció que los datos contenidos en los formularios de las declaraciones de importación y de exportación “no están sometidos a reserva”. Este precepto, incluso, está amparado por dos sentencias de la Corte Constitucional (C860-07 y C981-05), luego de oscuros intentos de importadores por lograr que se declarara la inexequibilidad de la mencionada norma.

La Dian había venido publicando cada mes hasta 2017, y desde entonces semanalmente, en su portal de internet, y con muy poco atraso, las bases de datos de las declaraciones aduaneras. Dicha práctica data de fines del siglo pasado, sin poner en duda su utilidad y, luego de expedida la ley 863, la obligatoriedad de hacerlo. Cualquier violación de ella no solo afecta la transparencia del sector público, sino que representa una afrenta a la legalidad.

Desde principios de diciembre de 2020, por orden expresa de la directora de Gestión Aduanera de la Dian, y sin desautorización de su Director General, y con el supuesto, pero también secreto, concepto de la Dirección de Gestión Jurídica de la entidad, fue retirada la base histórica y se interrumpió la actualización semanal de dicha información, aduciendo que ella está amparada por la Ley 1581 “por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”.

¿Qué opina la Ocde del ocultamiento de estadísticas económicas? ¿Qué opina la Procuraduría de una aparente violación a una ley de la República? ¿Qué opinan los usuarios de la información aduanera?

Mientras los guardianes de esta información confidencial se escudan en argumentos leguleyos, el país trata de reactivar su economía y pierde la opción de identificar oportunidades para incrementar su productividad. Sin la información de aduanas será más difícil.

Sergio Calderón
Economista

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