En materia de política de empleo en la exposición de motivos de la reforma tributaria presentada por el gobierno se lee: “en el caso de las deducciones mayores al 100% y descuentos por concepto de vinculación laboral … la propuesta del presente proyecto es realizar una sustitución del beneficio tributario por una reducción de los aportes al sistema de seguridad social... A diferencia de los incentivos tributarios, cuya efectividad en reducir el empleo no ha sido evaluada, hay amplia evidencia de la efectividad de las reducciones en los aportes a seguridad social en la creación de empleo formal”.
Son afirmaciones verdaderamente sorprendentes. En primer lugar, porque se sostiene que, a pesar de que no haya sido evaluado, los incentivos tributarios deberían ser efectivos en … reducir el empleo! Una afirmación poco convencional que va en contravía de la teoría económica tradicional. Pero, no solo eso. Va en contra de lo que se sostenía en la anterior reforma tributaria, hace poco más de un año, en cuya exposición de motivos se afirmaba que: “Al pagar menos impuestos, las empresas inviertan más y contratan más”.
En concreto, con la última reforma tributaria se derogan, a partir de enero de 2023, el artículo 88 de la Ley 2010 de 2019 y el artículo 2 de la Ley 2040 de 2020. En el primero se les permite a las empresas deducir en el impuesto a la renta el 120% de los pagos que realicen por concepto de salario de los jóvenes que vayan a contratar y en el segundo una igual cifra si a contratarse son las personas adultas mayores no beneficiarias de una pensión.
Nótese que el 13 de abril se reglamentaron estas deducciones (Decreto 392) y a los dos días de haberse reglamentado, con la Ley de Solidaridad Sostenible se procedió a su abrogación porque la efectividad en términos de generación de empleos es dudosa.
A su turno, la Ley de Solidaridad Sostenible introduce otro incentivo a la generación de empleos: exonera a las empresas del pago de la contribución a pensión de sus trabajadores, de la cual se hará cargo el Estado. Esto, siempre y cuando se contraten nuevos trabajadores con salarios de hasta tres salarios mínimos y de a algunos colectivos vulnerables como jóvenes, mujeres de más 40 años, discapacitados y adultos mayores sin pensión. Este beneficio regirá desde la vinculación del trabajador y hasta por cinco años, pero solo en el caso de los jóvenes tendrá vigencia inmediata; para los demás colectivos lo será a partir de 2023.
Estas iniciativas son conocidas como subsidios al salario y deben ser utilizadas con extrema tempestividad para que no terminen por subsidiar el enganche de trabajadores que las empresas en todo caso hubieran contratado. Es decir, llevarían a un gasto innecesario por parte del Estado. Por lo tanto, deben implementarse al inicio de una recuperación económica y deben ser retiradas en la medida en que esta se consolide. Es un error mantener estos subsidios por cinco años como propone la reforma tributaria. Esperemos que, como en el caso de las deducciones tributarias, no se den cuentas demasiado tarde.
Stefano Farné
Director del Observatorio Laboral de la Universidad Externado de Colombia.
