En julio del 2000, el entonces embajador Moreno confiaba en el tránsito exitoso del Plan Colombia Trade Act, que prorrogaba el Atpa para Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.
Se había entrevistado con todos los senadores y la mitad de los representantes a la Cámara, y el proyecto contaba con respaldo bipartidista. Había sido radicado en el Senado el 29 de junio por el demócrata Bob Graham, en asocio de Joe Biden, Charles Grassley, otro demócrata y dos republicanos más.
El proyecto iba viento en popa hasta cuando el Senado decidió revivir la polémica con el presidente Bill Clinton, absuelto escaso año y medio antes. El tiempo se agotó y el Senado terminó de sesionar en julio 27 sin debatir la medida.
Siguieron el ‘receso legislativo’ de agosto y las sesiones de septiembre 4 a diciembre 15, ‘con el sol a las espaldas’ y la atención política concentrada en las elecciones presidenciales y el reñido duelo entre George W. Bush y Al Gore.
En ‘Mirada retrospectiva del TLC’ (3/1/2007) intentó mostrar porqué el escaso margen de maniobra de EE. UU. con Colombia en la negociación del Capítulo Agrícola había tenido que ver con el intento norteamericano de “socavar las bases de una hipotética zona de libre comercio suramericana, como la evocada por el presidente Lula, en vista del considerable interés de Brasil y Argentina en sus exportaciones agrícolas”.
La negociación del TLC concluyó en febrero del 2006.
La administración Bush alegó la necesidad de “aclarar” los anexos agrícolas, perdiéndose cinco meses, aprovechados por EE. UU. para extraer paralelamente de Colombia una prioridad global: la importación de carne de ‘vaca vieja’ (30 meses y más), sanitariamente vulnerable. Después de firmado el tratado en noviembre, el protocolo modificatorio de junio 2007, exigido por la nueva mayoría demócrata en la Cámara, trajo algunos cambios benéficos. Llevábamos seis meses desde la firma y dieciseis desde el final de la negociación.
A inicios del 2011, el gobierno de Santos habría podido “conspirar” con la nueva mayoría librecambista en el Congreso de EE. UU. para radicar el correspondiente proyecto de ley mediante enmienda al del TLC con Corea, única ‘plancha de salvación’ de la administración Obama en su inmovilismo en comercio exterior. Santos no lo quiso y, por excelentes razones, firmó el ‘Pan de Acción’ sobre DD. LL. con Obama: no se trataba sólo de aprobar un acuerdo comercial, sino de una reconciliación histórica con el mundo sindical colombiano, norteamericano e internacional.
Esta iniciativa consolidó una mayoría bipartidista a favor del TLC, pero también alentó a Obama para revivir un ambicioso Plan de Auxilio al Comercio (TAA), opuesto por muchos republicanos.
Los intereses de la pequeña Colombia quedaron nuevamente en ‘sandwich’ y la radicación del TLC se aplazó por más de seis meses.
Por ello, es bienvenida la nueva ‘proyección moral’ que Santos busca darle a Colombia internacionalmente. Puede darnos un peso político sin comparación alguna con nuestro módico papel tradicional de hermanita menor.