Gobierno busca blindar Fondo de Estabilización de la Palma de Aceite

La idea es frenar las condiciones ventajosas a través de las cuales algunos agentes del mercado están recibiendo un doble beneficio.

Biocombustibles

Entre los usos del aceite de palma se encuentra la producción del biodiésel.

Cortesía Fedepalma

POR:
Portafolio
abril 21 de 2019 - 07:54 p.m.
2019-04-21

La siguiente historia es un ejemplo del uso ventajoso de los instrumentos de apoyo que fueron diseñados por el Gobierno en consenso con el sector privado. En este caso, los protagonistas son algunos empresarios del sector de palma de aceite.

Lea: (Biocombustible de palma, la alternativa ecológica)

El problema radica en que algunos encontraron un vacío en la norma que rige la operación del Fondo de Estabilización de Precios de la Palma de Aceite, y que pone en desventaja a la mayoría de los cultivadores de este producto.

Lea: (‘Legislación, clave para impulsar biocombustibles’)

El reglamento dice que los productores nacionales deben hacer una cesión, –es decir trasladar al Fondo de Estabilización de la Palma– un porcentaje del valor de su cosecha para compensar a quienes exporten el producto, ya que este es más barato en el exterior que en el mercado interno.

Algunos empresarios se convirtieron en exportadores para recibir la compensación pero a la vez son importadores, con el fin de comercializar el alimento en el mercado local, sin hacer la respectiva cesión de recursos al fondo, pues esta solo aplica para el aceite producido y distribuido en el país.

Portafolio investigó sobre el modus operandi de este negocio que les ha dejado millonarios ingresos a quienes lo practican y que además lo hacen con el convencimiento de que no están cometiendo ninguna irregularidad.

EL ESQUEMA

El Fondo de Estabilización Palmero establece un mecanismo de compensación interna que fija un precio de referencia que es igual a la cotización internacional, más un arancel. A ese valor se vende el aceite de palma en Colombia.

Sin embargo, como el precio de exportación es menor al que rige para Colombia, entonces el productor hace una cesión y con eso se les paga a los exportadores para que todos terminen vendiendo al mismo valor, de tal manera que sea lo mismo comercializar en el exterior y en el país.

Hace años, esa cesión era de entre $80 y $100 por kilo, es decir un 5% por ciento del precio. Pero el monto de la cesión empezó a subir hasta el punto que en enero de este año llegó a $600 el kilo (600.000 la tonelada), casi el 30% del ingreso del productor, y eso ha generado una crítica situación para los palmeros.

Aunque algunos han dicho que esto obedece al precio internacional, no es así porque la cotización ha caído a valores históricamente bajos, y se ubica por debajo de los US$500 la tonelada, a pesar de que en el 2012 estuvo por encima de los US$1.000 la tonelada.
Los productores dicen que el monto de la cesión se ha incrementado porque han aumentado mucho las exportaciones. Hace un tiempo se exportaba el 30% de la producción nacional y hoy se despacha el 50%. Eso significa que hay que dar más compensaciones y, por ende, se requiere una cesión superior.

Pero ¿cuál es la razón para el aumento de las exportaciones? Al resolver esta inquietud se ha detectado que las importaciones también han aumentado mucho, de 100.000 toneladas a 300.000.

Todo indica que algunas empresas importan aceite de Ecuador, sin arancel, y lo venden
en Colombia al precio de referencia nacional, es decir a $2’200.000 la tonelada, pero no pagan cesión. Además de eso, exportan su propia producción y reciben la compensación, es decir que obtienen un doble beneficio.

En el sector palmero se dice que en 2018 estas empresas pudieron haberse ganado entre $40.000 millones y $50.000 millones por esta operación.

Como este negocio fue detectado hace unos años, el Gobierno impuso una medida que indicaba que ninguna empresa podía importar y exportar al mismo tiempo. Pero, ‘hecha la ley, encontrado el atajo’. Esta restricción fue esquivada mediante la creación de empresas dedicadas a importar y otras especializadas en exportar, que aunque figuran como si fueran de distintos dueños, se sospecha que pertenecen a la misma persona o familia.

Fedepalma le expuso la situación al presidente Iván Duque en una reunión realizada a comienzos de este año, en la que le plantearon que los importadores también tengan que pagar la cesión que hasta ahora han pagado solo los agricultores nacionales para compensar a los exportadores. Es decir, que todo aceite de palma que se comercialice en el mercado nacional (local o importado), tenga que pagar cesión. Esta figura no puede ser demandada ante la OMC porque no es un arancel y tampoco es discriminatoria. La solución contribuiría a ‘nivelar la cancha’, dijo un vocero gremial a Portafolio.

Esta propuesta, que ya fue incluida en el texto del Plan Nacional de Desarrollo, indica que una vez entre en vigor no pagarían cesión solo las 800.000 toneladas de palma nacional que se venden en el país, sino que entrarían otras 300.000 que ingresan del exterior. De esa manera, el valor de la cesión bajaría de $600 a $400 porque habrá más gente pagando. El otro efecto es que dejaría de ser negocio importar.

Por su parte, los importadores que han realizado este tipo de operaciones no solamente rechazan las acusaciones sobre la supuesta perforación del esquema, y han acudido al propio Gobierno de Ecuador para que presione a su homólogo colombiano e impida que se frenen las importaciones de aceite de palma de ese país.

OTRA SOLUCIÓN

Además de lo anterior, el Consejo Directivo del Fondo Palmero y el Gobierno han planteado una segunda solución que consiste en que cuando un mismo agente del mercado sea exportador e importador, solo estará exenta de cesión la diferencia superior entre el aceite que ingresa al país y el que coloca en el mercado internacional. Igualmente, cuando la exportación es mayor que la importación, la compensación también se recibiría solo sobre la diferencia con las importaciones que hace esa empresa.

Portafolio conoció que el tema aún está en discusión entre el Gobierno y los productores de aceite de palma, que incluso tienen diferencias internas sobre el esquema de operación del Fondo de Estabilización.

La información conocida por este diario indica que al interior del sector, incluyendo al Gobierno, hay una discusión sobre si quienes han actuado en condiciones ventajosas están cometiendo un delito o se trata del aprovechamiento indebido del instrumento, ya que este no tiene explícita la prohibición de realizar este tipo de operaciones.


edmtov@portafolio.co

Siga bajando para encontrar más contenido

Noticias Recomendadas

Recomendados