Uno de los más importantes retos que el nuevo gobierno, el de Iván Duque tiene en materia económica, es la reactivación de los procesos productivos con el fin de encaminar el país por la senda del crecimiento, la generación de empleo y disminución de la inequidad existente.
(Lea: Ley de presupuesto avalaría privatizar centrales de abastos)
Con base en la campaña y la orientación de política económica del Ministro de Hacienda de Duque, Alberto Carrasquilla lo que puede preverse es que, en lugar de planes que incluyan una política fiscal y monetaria expansiva, el nuevo gobierno continué en la senda de la política económica neoclásica.
(Lea: Presupuesto 2019: a discusión más de 80 posibles cambios)
Lo anterior se resumiría en los siguientes aspectos: (i) recortes en el presupuesto público; (ii) baja de impuestos a las empresas más grandes; (iii) aumento de cargas tributarias indirectas con más énfasis en grupos medios y vulnerables; (iv) profundización de la apertura comercial; y (v) privatizaciones.
Se trata de un guion general de la política pública que desde luego, debe contar con aval en dos instancias. Uno, del Congreso a fin de establecer la política fiscal y dos, del Banco de la República que opera como una entidad autónoma encargada de velar por la estabilidad general de precios.
Un caso ilustrativo se tiene cuando el flamante gobierno no ha completado un mes de funcionamiento. Se trata de que el Ministro Carrasquilla ha propuesto que el recorte de egresos del gobierno sea de un 7.5 por ciento para 2018 y de 10 por ciento para el año entrante.
De manera más detallada, se propone que los recortes se concentren en gastos de adquisición, viáticos, mantenimiento y contratos por prestación de servicios. De esta manera se trata de dar cumplimiento a cuatro aspectos esenciales: (i) estabilidad; (ii) eficiencia; (iii) certeza; y (iv) confianza, a los agentes de mercado.
En todo caso, sin embargo, los desafíos del nuevo gobierno –heredados de manera, recurrente- se relacionan con generación de empleo y de abrir oportunidades especialmente laborales y de emprendimiento para amplios sectores de la sociedad colombiana. Esto último muy vinculado al problema de inequidad.
En estas condiciones, una austeridad significativa, tendería a debilitar más el entramado institucional. No es de olvidar que mucho del conflicto que aún permanece en Colombia –con la emergencia y consolidación de nuevos grupos- se debe, entre otros factores, a que este país latinoamericano tiene más territorio que Estado. De manera que la institucionalidad se puede ver severamente limitada en muchas áreas, especialmente aquellas que están más apartadas, ubicadas en el medio rural.
La finalidad de efectivamente conseguir la estabilidad y la certidumbre en los agentes económicos también es afectada cuando en lo social, se carece de una perspectiva de mejora para amplios sectores. De esa cuenta las políticas se encaminan por la austeridad, pero existen condiciones mínimas de crecimiento que de nuevo, esperan ser atendidas en pro del estímulo de las empresas, el poder adquisitivo y el empleo.
Giovanni E. Reyes, Ph.D. University of Pittsburgh/Harvard. Profesor y Director de la Maestría en Dirección de la Universidad del Rosario.
Especial para Portafolio
