La lluvia de críticas a la reforma al control fiscal que se tramita en el Congreso tienen al contralor general, Felipe Córdoba, defendiendo la iniciativa ‘a capa y espada’.
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En entrevista con este diario, el funcionario confirmó que la iniciativa volverá a debatirse la primera semana de septiembre e indicó que desde algunos sectores han mentido “con la realidad del proyecto y ahora que le ven posibilidad es que salen a tratar de atacarlo”.
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Asimismo, señaló que esto puede ser porque “seguramente habrá gente a la que no le guste que uno la vigile”.
¿Se volverá al control previo, como dicen?
No estamos pidiendo cosas locas o absurdas como eso, sino retomar la función de advertencia. No se quieren coadministrar los recursos, para nada.
¿Y qué decir del aumento de personal y de sueldos?
La Contraloría tiene una planta del 2000 en el 2019, y hay que decir que existe en la entidad una falta de capacidad técnica del recurso humano que se necesita mejorar, además de tener mayores herramientas y tecnologías. Se ha dicho de todo, tanto del aumento de planta como de sueldos, afirman que son para cargos burocráticos, sin embargo, yo aclaro que la carrera administrativa en la entidad tiene representación en el 96% de la misma.
Es decir, si se crean o llegan a crear, los cargos nuevos serán de carrera y de concurso. Hoy el presupuesto de la Contraloría es de $570.000 millones y la idea es que pase aproximadamente a $1 billón.
¿Este aumento se hará de un solo envió?
No, esto será programado anualidad por anualidad, porque lo que se busca no es hacerle un daño al Estado, ni que se haga un esfuerzo fiscal grandísimo, sino que se aplique de forma gradual. Nos critican porque no damos resultados y nos piden que revisemos en línea y en tiempo real los recursos, pero no nos quieren dar la facultad para hacerlo. Aquí definitivamente sí se necesita fortalecer la entidad.
Y sí, ponemos la nivelación salarial permanente, porque esta ha sido la lucha de todos los contralores, y en últimas estamos pidiendo esto para pasar de 17% de vigilancia del recurso público –que es muy poco teniendo las tecnologías del siglo XXI– al 85% o 90%.
Además, cómo es posible que solo registremos un 0,4% de recuperación de los recursos investigados; tenemos que recuperar el 80%, y con la reforma, la idea es alcanzar esas cifras. Decir que esta entidad no necesita fortalecerse es muy triste.
Otra de las críticas hechas tiene que ver con las funciones jurisdiccionales, ¿aún siguen vivas?
El proyecto de acto legislativo que yo traía era completamente distinto.
Yo quería una Contraloría que fuera un ente investigador y acusador, y que de allí se fuera a un juez. En esto, a mí me vencieron los sindicatos de la entidad y me pidieron no cercenar la función de investigación que tienen, lo cual acepté.
En ese sentido, ellos pidieron, en su momento, contar con funciones jurisdiccionales, con el fin de ser la última instancia en los procesos de responsabilidad fiscal, aduciendo que su revisión se demoraba mucho en el Consejo de Estado.
No obstante, en el cuarto debate, nos sentamos con el alto tribunal y quedamos con que se quitaban esas funciones, lo cual se hizo, y en últimas los sindicatos cedieron, pero en el proyecto quedó que la revisión por parte del contencioso administrativo, si se aprueba la reforma, se demorará máximo un año.
