El presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Camilo Sánchez, estimó que la aprobación del proyecto de modernización del sector TIC puede abrirles paso a inversiones del orden de $90 billones hasta el 2030, estimulando –de paso– la inversión privada, que correspondería a una proporción cercana a los $75 billones, según cálculos del gremio.
Según el dirigente gremial, “en momentos que el país requiere acciones que consoliden el desarrollo productivo y social, los servicios públicos y especialmente el sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), da un paso adelante presentando un proyecto de ley de reforma institucional que sin duda recoge un gran espíritu de consenso, que permitirá contar con una política pública que promueva la inversión y consolide la economía digital”.
(Lea: Reforma a las TIC, tras mayor flujo de inversión privada)
En su opinión, son importantes el equilibrio competitivo y la nivelación de las cargas regulatorias e impositivas. También es clave generar los instrumentos que favorezcan la inversión, “ya que se requieren alrededor de $90 billones hasta el 2030, donde el sector empresarial deberá aportar $75 billones para lograr un verdadero cierre de la brecha digital”.
Lo anterior, según Sánchez, comprende la ampliación de cobertura, mejoramiento de la velocidad de banda ancha y una alfabetización digital de toda la sociedad. “Este es el gran desafío que esperamos se logre con esta ley, y que sin duda se verá traducido en beneficios para todos los colombianos”, subrayó.
(Lea: La clave para fortalecer las TIC en el país)
AJUSTE INSTITUCIONAL
Adicionalmente, explicó el presidente de Andesco, es necesario avanzar en un ajuste institucional que acomode la estructura sectorial a las nuevas realidades, con una distribución de competencias entre el ente rector de la política y un regulador único.
Sánchez destacó que esta nueva propuesta, de manera novedosa, crearía un fondo único universal que permitiría el desarrollo de políticas sociales coherentes y complementarias para los sectores TIC y audiovisual, dejando claro que se garantizan los recursos para la continuidad de la prestación del servicio de la televisión pública.
“También es de resaltar la ampliación de la vigencia de las licencias para el uso de espectro, hasta por un plazo de 30 años, lo cual permite una adecuada amortización de las inversiones sectoriales, generando beneficios en términos de continuidad, calidad y tarifas al usuario, así como una mayor estabilidad y seguridad jurídica para los inversionistas”, afirmó.
Pero, sin duda, consideró que la asignación del espectro debe venir acompañada con la maximización del beneficio social. En ese contexto, es deseable que se puedan ejecutar proyectos en comunidades apartadas y de bajos ingresos, como pago por el uso del espectro y así mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos.
“Consideramos importante destacar desde Andesco la introducción del modelo de vigilancia y control ‘Preventic’, dentro de las reformas a realizar a la Ley 1341 de 2009.
“Este modelo permite acompañar, asesorar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones legales y la suscripción de planes de mejora voluntarios por parte de los operadores de los servicios de telecomunicaciones, radiodifusión sonora y postal, y de esta manera, pueden tener la oportunidad de proponer acciones para corregir las situaciones y así avanzar en las soluciones que brinden mayor beneficio para los usuarios”, puntualizó Sánchez Ortega.
Y planteó que “este es un sector esencial para lograr el desarrollo y equidad en Colombia por lo cual debemos seguir construyendo sobre lo construido y no improvisar. En buena hora su presentación”.
UNA REFLEXIÓN IMPORTANTE
Finalmente, el nuevo presidente ejecutivo de Andesco puso sobre la mesa lo que consideró dos asuntos para reflexionar.
El primero, la competencia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo frente a la necesidad de contar con una interpretación clara de la figura de ‘Must carry’, contenida en el artículo 11 de la Ley 680 del 2001 y que actualmente se encuentra en discusión en la Comunidad Andina de Naciones.
El segundo, la competencia del Ministerio del Interior, para que desarrolle una metodología que defina el cálculo de la tarifa que remunera los derechos de autor y una ventanilla única para su trámite y pago.
Bogotá
