‘Tribunales han tumbado todos los Acuerdos contra la minería’

Guillermo Reyes, experto en temas territoriales, afirmó que los municipios no pueden apelar a cualquier herramienta jurídica para prohibirla.

Guillermo Reyes

“Los recursos del subsuelo son competencia de la nación”, Guillermo Reyes, abogado.

CEET

POR:
Portafolio
junio 10 de 2019 - 10:15 p.m.
2019-06-10

“La sentencia 095 de la Sala Plena de la Corte Constitucional es clara en señalar que ningún ente territorial pueden vetar o prohibir las actividades de exploración y producción de los recursos naturales que se hallan en el subsuelo”, afirma el abogado y experto en temas territoriales, Guillermo Reyes.

En diálogo con Portafolio, el litigante precisó que los alcaldes y los consejos municipales no pueden apelar a las consultas populares, Acuerdos Municipales,Planes de Ordenamiento Territorial (POT), y esquemas de ordenamiento para frenar las tareas extractivas.

Y subrayó que los entes territoriales no son soberanos. “Este es un tema que, tienen que ver con el subsuelo y los recursos naturales renovables, los cuales no son asuntos de la exclusiva competencia del municipio, ya que son de la Nación”, dijo.

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Y precisó que su desarrollo (como lo dice el Artículo 288 de la Constitución) debe concertarse bajo los principios de subsidiariedad, y coordinación y concurrencia Nación-Territorio.

¿Es viable que los Concejos acudan a los Acuerdos Municipales para frenar las actividades mineras y petroleras?

Lo que dice textualmente la sentencia 095 de la Sala Plena de la Corte Constitucional es que ningún ente territorial pueden vetar o prohibir las actividades de exploración y producción de los recursos naturales que se hallan en el subsuelo.

¿La citada sentencia 095 solo hace referencia a las consultas populares, como argumentan varios alcaldes del país?

La sentencia 095 se produce en el marco de la consulta popular que convocó el Concejo Municipal de Cumaral (Meta) para prohibir las actividades petroleras. Pero, el alto tribunal en el contenido de su fallo analiza las competencias de los entes territoriales para ocuparse de regular la actividad de exploración y producción minera y petrolera.

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¿Los municipios pueden frenar la actividad minera o petrolera a través de algún mecanismo jurídico?

La sentencia subraya de forma genérica que ningún ente territorial puede vetar, ni prohibir las actividades mineras o petroleras. Este es un tema que tiene que ver con el subsuelo y los recursos naturales renovables, los cuales no son asuntos de la exclusiva competencia del municipio, ya que son de la Nación. Su desarrollo (como lo dice el Artículo 288 de la Constitución) debe concertarse bajo los principios de subsidiariedad, y coordinación y concurrencia Nación-Territorio.

¿Por qué llega el alto tribunal a esta conclusión?

La Corte Constitucional ya había señalado en una sentencia del 2016 que los municipios eran soberanos y autónomos para regular los temas del subsuelo. Y que si los entes territoriales son los dueños del subsuelo, pueden regular el uso de ese espacio. Esa sentencia la recoge el alto tribunal en la sentencia 095 y deja en claro que los municipios no son soberanos y lo que debe haber es concertación.

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¿La sentencia 095 le dice a los entes territoriales que no pueden prohibir las tareas extractivas del subsuelo?

La jurisprudencia de la sentencia 095 deja en claro que un ente territorial no puede invocar fórmula jurídica que esté encaminada a ocuparse del tema del subsuelo para prohibir la actividad minera o petrolera. El fallo hace referencia a que los Acuerdos Municipales, los Planes de Ordenamiento Territorial (POT), los esquemas de ordenamientos y las consultas populares no pueden ser invocados por los municipios para frenar las tareas extractivas.

Sin embargo, varios Concejos Municipales han sacado adelante los Acuerdos para prohibir las actividades mineras y petroleras en sus territorios...

Todos los tribunales administrativos del país han tumbado o invalidado cada uno de los Acuerdos Municipales que prohíben las actividades mineras o petroleras en sus territorios.

¿Por qué terminan los Acuerdos Municipales en manos de los magistrados de los tribunales administrativos departamentales?

En Antioquia hubo dos Acuerdos Municipales significativos. El de los municipios de Urrao y Jericó. En el 2017, de manera simultánea en varios municipios de este departamento aprobaron los Acuerdos Municipales. Los textos, una vez fueron sancionados por el respectivo alcalde, se enviaron a la Gobernación. El gobernador los objetó ante el Tribunal Administrativo de Antioquia. Esta misma situación pasó en el Tolima, Huila y Casanare. Los tribunales administrativos tumbaron los acuerdos con el argumento que los municipios y los cabildos no tienen la autonomía para regular el tema de forma soberana.

¿El Consejo de Estado ha refrendado la sentencia 095 de la Corte Constitucional?

El Consejo de Estado, en varios fallos ante tutelas que han interpuesto varios municipios del país para que avalen los Acuerdos Municipales, ha dejado en claro que los entes territoriales deben acatar la sentencia 095 de la Corte Constitucional. Este fallo tiene que ver con todas las competencias relacionadas con el orden nacional. El caso más claro ha sido con el Acuerdo del municipio de Urrao. Subraya que debe acatarse en su integralidad la sentencia 095 de la Corte Constitucional, y que de lo contrario incurriría en una posible sanción disciplinaria y penal. El consejo de Estado afirma en un fallo, ante una acción por desacato que interpuso un grupo de ciudadanos contra los magistrados del Tribunal Administrativo de Antioquia, por no cumplir una acción de tutela proferida por la Sección Cuarta del Consejo de Estado en el caso de Urrao, que este tribunal obró en derecho ya que está acatando la sentencia 095 de la Corte Constitucional. De lo contrario incurrirían en una posible sanción disciplinaria y penal.

alfsua@eltiempo.com

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