Un decreto del Ministerio de Hacienda sería el salvavidas del Gobierno Nacional para resolver el rifirrafe en la industria de los licores y vinos, y la Federación Nacional de Departamentos (FND), por cuenta de los impuestos que pagan estos productos en el país.
La historia tiene tanto de largo como de ancho, e involucra, además, al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), entidad que tiene la tarea de determinar el precio de venta al público de cada una de las bebidas alcohólicas que se comercializan en el país, de tal modo que, con esa base, se fija cuánto gravamen deben pagar por su venta.
Este mandato se lo dio el Congreso al Dane, cuando aprobó la ley de licores en el 2016, específicamente dictando que “deberá certificar (antes del 1.° de enero de cada año) la base gravable para cada uno de los productos específicos sujetos al impuesto al consumo o participación”.
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CAMBIOS AQUÍ Y ALLÁ
La modalidad que fijó esta ley comenzó a regir el año pasado, cuando aún no había asumido como presidente Iván Duque, y en su momento, se expidió un primer listado de todos los licores y vinos que se venden en Colombia, y su precio específico sin tributos.
Los gobernadores pusieron el grito en el cielo y unos días después de que se posesionó Duque en el cargo, le solicitaron modificar de forma urgente la fórmula entregada por la administración anterior, ya que –en sus cuentas– les daría pérdidas por unos $60.000 millones por mes.
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Como estos recursos van a programas de salud, educación y deportes de las regiones, el Jefe de Estado dio su brazo a torcer y le pidió al director del Dane, Juan Daniel Oviedo revisar la fórmula, y así lo hizo. Dos meses después, la entidad expidió una nueva metodología para calcular la base gravable de los licores, pero esta vez el descontento vino por parte de la industria.
De hecho, en una carta, la Cámara de Industrias Asociadas de Bebidas Alcohólicas (Caba) pidió que se suspendiera y modificara la resolución que aumentó la base gravable de gran parte de los productos alcohólicos, sobre todo por cuenta de que allí se mezclaron tanto los valores finales que se usan en supermercados y tiendas de barrio, como los de restaurantes y hoteles (que son muy superiores a los del promedio).
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El presidente Duque solicitó de nuevo revisar la situación, y le encomendó a sus subalternos corregir la fórmula vía Plan Nacional de Desarrollo, y así ocurrió hasta que los gobernadores pusieron, de nuevo, el grito en el cielo.
“El Proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo plantea aplicar una tarifa única por grado de alcohol para los licores y aperitivos, y otra para vinos y aperitivos vínicos, eliminando el componente que permitía cobrar más impuestos a los licores que son más costosos, medida que retrocede los logros alcanzados con la Ley 1816 (ley de licores)”, dijo la Federación de Departamentos en un comunicado.
Duque no tuvo otra opción que dar su brazo a torcer, otra vez, y del texto del PND salieron los artículos que modificaban esta norma, llevando la discusión a cero. Ahora, semanas después, el Ministerio de Hacienda busca terminar el debate de una vez por todas, por medio de un decreto ‘salvavidas’, el cual incluso comenzaría a regir desde antes de mitad de año.
SALVAVIDAS EJECUTIVO
En la norma, el Gobierno reglamentaría la ley de licores (aunque el articulado no le da este mandato) y determinaría que los precios finales se tomarían de varios lugares de comercialización, entre los que están tiendas de barrios, supermercados, cigarrerías, tiendas por departamento, entre otras, pero sacando de la bolsa al sector Horeca.
Según Eduardo Visbal, vicepresidente de Fenalco, “esta salida es buena, porque el sector Horeca (hoteles, restaurantes y cafés) tiene precios que se salen de lo normal y estaban alterando el valor del precio final que dictó el Dane”.
Y agregó que es necesario encontrar un punto medio en la fórmula para calcular el precio final de los licores y vinos, con el fin de no afectar el bolsillo de los comerciantes y consumidores, ni tampoco de disparar el contrabando.
“Al ponerse impuestos muy altos no se aumenta el recaudo, sino que crece el contrabando, y por eso es buena esta medida de equilibrar la balanza en el precio final”, concluyó el directivo de Fenalco.
Este diario buscó a la Federación de Departamentos, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, se conoció que el gremio está estudiando esta medida y sus potenciales efectos en las rentas regionales, al tiempo que ‘pelea’ por el efecto de otra norma en sus finanzas. Se trata ni más ni menos que de la ley de financiamiento, que incluyó pasar de monofásico a plurifásico el impuesto a las ventas de las cervezas (y gaseosas).
Esta medida debería generarles más ingresos las regiones, pero, según la FND, habría traído un efecto contraproducente, pues la industria bajó la base gravable para ser más competitiva, y –a la vez– les dio una fuerte estocada a las finanzas de los gobernadores.
OTRO IMPACTO A REGIONES
La FND también está ‘peleando’ por los efectos que trajo la ley de financiamiento en el recaudo de las regiones, por cuenta de la decisión de los productores de cerveza de bajar el precio de venta sobre el cual se liquida el impuesto departamental al consumo de este producto. Por esto, “los departamentos y el Distrito Capital dejarían de recaudar en este año cerca de $220.000 millones, lo que equivale a una disminución del 8,6% en el ingreso proveniente de este impuesto por parte de las cervezas nacionales”.
Incluso, según el gremio el impacto podría ser mayor, pues el volumen de ventas viene cayendo en los últimos dos años y “ los productores tienen libertad de, en cualquier momento, aumentar el costo de envases y empaques, el cual se puede deducir de la base gravable del impuesto”.
