Con una tutela, interpuesta el viernes pasado, almacenes La Riviera busca reversar la decisión del Banco de Occidente de cancelarle la única cuenta con la que contaba la cadena.
Las demás instituciones financieras, tanto nacionales como extranjeras, ya habían hecho lo propio desde el 9 de mayo pasado, tras la inclusión del grupo Wisa, dueño de esta compañía que tenía el 70% del mercado de fragancias de alta gama en Colombia, en la llamada Lista Clinton. A esta van a dar entidades o personas señaladas por las autoridades estadounidenses de financiar el terrorismo o el lavado de activos, y es como un ‘inri’ porque prohíbe a las empresas de esa nación tener relaciones con ellas.
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La tutela fue radicada por el abogado Víctor Mosquera en el Tribunal Superior de Bogotá, invocando que se estaría vulnerando el derecho al trabajo de los 400 empleados de La Riviera. Sus argumentos son dos: primero, que estos gozan de “estabilidad reforzada” por tratarse en su mayoría de madres cabeza de familia y personas con discapacidad física.
Además, Mosquera añade que hay dos sentencias de la Corte en el sentido de que la única manera de bloquear las cuentas bancarias es cuando aparece directamente la empresa en el registro de la oficina de control de activos extranjeros de Estados Unidos (OFAC). Y, según él, este no es el caso porque quienes están son Nidal Ahmed Waked Hatum y Abdul Mohamed Waked Fares (cabezas del grupo Wisa), así como otras personas y empresas de su entorno a nivel internacional, pero no La Riviera SAS, que es la que maneja las tiendas en Colombia.
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Además, apunta que la entidad bancaria "mantuvo la cuenta y no se entiende por qué ahora viene a invocar esta causal de terminación de contrato cuando en un año no se dio esto”.
Como consecuencia del aislamiento financiero, La Riviera no solo debe pagar todas sus cuentas en efectivo, sino que las tiendas no cuentan con datafonos, por lo que los clientes no pueden comprar con tarjetas.
Justamente, en febrero, según un documento conocido por Portafolio.co, la revisora fiscal de La Riviera SAS le notificó a la Superintendencia de Sociedades que la empresa “presenta situaciones de riesgo de mercado, liquidez, y de capital”, que podrían poner en entredicho su “capacidad de continuar como empresa en marcha”.
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A renglón seguido añade factores como la terminación de contratos de forma unilateral, bloqueo del servicio financiero, cierre de tiendas a nivel nacional y devolución de mercancías; terminación de contratos laborales, compra de inventarios, recuperación de cartera y pago de proveedores al exterior.
El banco de Occidente respondió que hasta el momento no se les ha notificado de ninguna tutela promovida por la Riviera y que cuando esta se conozca emitirán una opinión al respecto, la contestarán y la respuesta estará sometida a la decisión de los jueces, que como siempre acatarán.
LA RIVIERA SIGUE FUNCIONANDO
El abogado Jaime Granados, quien defiende a La Riviera, confirmó que “la situación es muy difícil”, pero “La Riviera está viva y actuando en el mercado colombiano. Enfatizó en que “va a continuar hasta donde se lo permitan para proteger a los trabajadores y la industria”.
Granados apuntó que de las 105 tiendas de la marca quedan la mitad, pues hubo que cerrar los que funcionaban en locales alquilados porque los arrendadores suspendieron los contratos, y ha tocado reducir la planta de personal.
Así mismo, de acuerdo con el jurista, muchos proveedores internacionales, aunque no todos, tomaron la decisión de suspender su relación con la firma después de la determinación de las autoridades estadounidenses, e incluso una se niega a aceptar depósitos de dinero por pago de deuda.
Sin embargo, aseguró que hay suficientes inventarios que permiten seguir operando. “No se puede negar que algunas referencias salieron, pero la esencia del negocio subsiste y cualquier ciudadano lo puede constar; se siguen vendiendo productos y sigue entrando la gente”, dijo Granados.
Aun con las tutelas, fuentes conocedoras del tema que pidieron reserva de su nombre apuntaron que la experiencia indica que en estos casos la única forma de rehabilitarse con el sector financiero es la exclusión de la Lista Clinton, para lo cual, a su vez, es indispensable que se demuestre que quienes figuran en ella se apartaron de la compañía y se la transfieran a un tercero que esté libre de toda sospecha.
Portafolio.co conoció que hacia octubre del año pasado los representantes de La Riviera se presentaron con alguien que manifestó estar interesado en comprar, pero medio año después no ha vuelto a aparecer.
Por su parte, el superintendente de Sociedades, Francisco Reyes, afirmó que el informe negativo del revisor fiscal no implica que se proceda a declarar la liquidación, aunque sí puede ser un insumo para que la asamblea de accionistas decida si declara disuelta o no la compañía. No obstante, hasta ahora no se conoce que se haya tomado alguna determinación al respecto.
Con respecto al caso específico, indicó que “la Superintendencia está en permanente contacto con la oficina de control de activos extranjeros (Ofac) para intercambiar información”.
