La multimillonaria multa de la SIC a Uber

Tres empleados de la compañía habrían presentado declaraciones evasivas e incompletas de sus cargos y funciones para confundir la inspección.

Uber no reportó incidentes con ‘bloque de búsqueda’ taxista

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agosto 12 de 2019 - 11:00 a.m.
2019-08-12

La Superintendencia de Industria y Comercio sancionó a Uber Colombia con una multa de 2.128 millones de pesos, por obstruir una visita administrativa que se adelantó el 13 de octubre de 2017 y por incumplir, además, órdenes e instrucciones dadas por esta autoridad.

(Uber no tiene más remedio que reducir sus promociones ¿por qué?). 


En la resolución 34942 de 2019, también se anunció la sanción a tres personas naturales quienes colaboraron y ejecutaron la obstrucción de la mencionada visita.

Se encontró también que esas personas presentaron declaraciones evasivas e incompletas respecto a sus cargos y funciones dentro de la compañía.
Las multas para ellos son las siguientes:

• Natalia Patricia Caroprese Castro (asesora legal de Uber para el momento de los hechos): catorce millones novecientos seis mil ochenta y ocho pesos ($14'906.088).

• Felipe Alberto Sandoval Villamil (asesor legal de Uber para el momento de los hechos): veinticuatro millones ochocientos cuarenta y tres mil cuatrocientos ochenta pesos ($24'843.480).

• Andrés Felipe Bedoya Sánchez (Gerente de las oficinas de Uber para el momento de los hechos): cuatro millones novecientos sesenta y ocho mil seiscientos noventa y seis pesos ($4'968.696).

La actuación se inició a partir de diferentes conductas desplegadas por Uber, a través de algunos de sus empleados, durante la visita administrativa que se adelantaba en el domicilio social de la compañía por funcionarios de la Delegatura de Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio.

A partir de lo anterior, la Superintendencia inició y adelantó un proceso administrativo en el que quedó demostrado que:

• Existe una política empresarial al interior de Uber, en la cual se instruye a sus funcionarios en la forma cómo deben comportarse frente a la visita de una autoridad administrativa, como lo es la Superintendencia de Industria y Comercio. En virtud de lo anterior, existen instrucciones institucionales de no dar información respecto al negocio de la empresa ni otorgar acceso a los computadores y demás equipos de la compañía, la cual fue puesta en marcha en la visita adelantada por la Autoridad.

• La empresa presentó una actitud displicente y obstructiva frente a diferentes requerimientos de información por parte de los funcionarios de la Delegatura de Protección de la Competencia.

• La empresa hizo caso omiso a múltiples requerimientos para poner en marcha los procedimientos internos de inspección de documentos y archivos electrónicos sobre los cuales se presentaron bloqueos.

• La empresa obstruyó la entrega de diferentes documentos corporativos (Estatutos, Actas de asambleas, balances, etc) requeridos por los funcionarios de la Delegatura por tener relación directa con el objeto de la visita. Así, y a pesar de estar al alcance de la compañía, esta no realizó las gestiones necesarias para que dichos documentos fueran entregados a la autoridad.

UBER ANALIZARÁ SI APELA LA DECISIÓN

Frente a la información revelada por la SIC, Uber dijo este lunes que aún no ha sido notificada legalmente la decisión y que esperarán a que esto ocurra para determinar si interponen recursos jurídicos para apelar el caso. 

"Desde Uber Colombia SAS respetamos la ley y las decisiones emitidas por las autoridades. La compañía no ha recibido notificación de la decisión de primera instancia adoptada por la Superintendencia de Industria y Comercio, la cual no se encuentra en firme. Una vez la compañía sea notificada de la decisión, efectuará el análisis correspondiente a efectos de definir la pertinencia de interponer los recursos del caso", manifestó la empresa en un breve comunicado. 

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