La instrucción del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, de levantar el tope regulatorio del 25% para que las empresas de energía del país puedan participar en la puja por la operación que deja Electricaribe desató una polémica no solo al interior de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg), sino también en el sector eléctrico.
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A través de un comunicado, la citada entidad recalca que “la distribución de energía es un monopolio regulado en la que no hay restricciones de concentración. Pero los distribuidores son a su vez comercializadores de energía, y ese no es un monopolio regulado, sino un mercado en competencia: es ahí donde hay una limitación de concentración horizontal para evitar el poder de mercado. En ese mercado, la otra punta son los generadores”.
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A renglón seguido, la Creg advierte en la nota que la revaluación de los límites de participación se estudia bajo tres elementos; el primero, la configuración de mercados íntegros y anónimos, en donde opere la competencia.
Segundo, establecer reglas que permitan la participación de empresas con alto porcentajes de participación, tanto de la demanda como de la oferta; y tercero, empoderamiento regulatorio para el seguimiento atento de las autoridades de supervisión y control que permitan detectar y sancionar conductas que vayan en contra de una operación eficiente del mercado.
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“Esta liberación requiere mecanismos adicionales que eviten que se abuse de ese mayor poder y que permitan a la Superservicios detectar y sancionar cualquier abuso”, indica el comunicado.
Un análisis de Valora Inversiones explica que para que el proceso de subasta sea atractivo y pueda interesar a los mejores postores, “el Gobierno ha tomado diversas medidas como la actualización de la metodología de remuneración de la distribución de energía (Resolución Creg 015 del 2018), con la que el nuevo operador aseguraría la recuperación de las inversiones que realice.
Con el levantamiento del tope regulatorio (25%) dos de las más grandes empresas del sector se beneficiarían: Codensa que tiene 24% de participación en el mercado y EPM, con el 21%.
“No es necesario tener este tope, porque estamos en un sector regulado que define lo que pueden cobrar las empresas al igual que sus estándares”, explicó el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, cuando anunció la medida.
Para el analista Carlos Diago, de Valora Inversiones, levantar el tope de participación podría llevar a una monopolización del mercado. “La empresa que tenga la mayor participación podría tomar decisiones sobre las tarifas que no le convengan a la región y lo haría desde el interior”.
Cárdenas advirtió que el nuevo inversionista debe tener dos condiciones para entrar en el mercado de energía. En primer lugar, poseer experiencia y conocimiento en la operación de redes (distribución) y, segundo, contar con el músculo financiero para realizar las inversiones que se requieren en los próximos diez años y la compra de energía.
EMPRESAS CON INTERÉS
Las empresas que entrarían en la puja hay importantes jugadores del sector energético como Celsia, el Grupo Energía Bogotá, el Grupo Enel y el fondo Brookfield. Ninguno ha manifestado de manera formal su interés. Celsia es la empresa de energía del Grupo Argos, la cual por medio de Epsa (Empresa de Energía del Pacífico) atiende a más de 600.000 clientes en el suroccidente del país. El fondo Brookfield es propietario de Isagén, la Empresa de Energía de Boyacá (Ebsa), y hace poco se hizo a Gas Natural. Del Grupo italiano Enel hacen parte Codensa y Emgesa. De acuerdo con los analistas, la decisión final de los inversionistas dependerá de temas como los pasivos que deberán asumir, al igual que el precio base.
