Hay riesgo de menor ritmo de importación de vinos y licores

Los empresarios dicen que el reciente cambio de la metodología para fijar el precio base aumenta de forma significativa en comparación con el 2017.

Licores

El problema, comienza en el 2016 cuando se decide que el Dane es el encargado de certificar el precio de venta al público.

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enero 17 de 2019 - 09:47 p.m.
2019-01-17

Los importadores de vinos y licores en Colombia pasan por dificultades para sus negocios y comienza el año con dudas sobre si mantienen el ritmo de nacionalizaciones de mercancía.

La razón: poco antes de terminar el 2018 (el 27 de diciembre), el Dane publicó los nuevos precios base para fijar el impuesto ad valorem que deben pagar estas empresas, bajo una metodología que incrementa de manera significativa el impuesto.

En la preocupación coinciden los importadores independientes, la Asociación Colombiana de Industrias Licoreras (Acil), y Acodres, que reúne a los empresarios de bares y restaurantes.

Los empresarios estudian la decisión de mermar el ritmo de las importaciones y agotar las existencias de la temporada de diciembre, mientras la situación se soluciona.
Esto, con el efecto de que se reduce la legalidad automáticamente y “se prende la mecha del contrabando”, dice Julio Eduardo Rueda, gerente general de Buenvivir, quien tomó la vocería de los importadores.

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El planteamiento de los empresarios es derogar, por inconveniente, esa medida y permitir que sean los ministerios de Hacienda y Comercio los que reglamenten cómo se fija el precio de venta público, mientras se soluciona de fondo el tema dentro del Plan Nacional de Desarrollo, que presentará el Gobierno al Congreso de la República.

GÉNESIS DEL CAMBIO

El problema, dice Rueda, comenzó desde el 2016, cuando se decidió que el Dane fuera el encargado de certificar el precio de venta al público base para establecer el impuesto ad valorem.

“Le ponen al Dane esa función, pero no reglamentan el asunto. No sabe cómo componer el precio de venta al público, qué significa y de dónde lo van a tomar. Le asignan a una entidad de estadísticas un oficio que no le corresponde”, observa.

Tras meses de trabajo entre el sector privado, se publicaron los valores para el 2017 y para el 2018, las cuales se fueron mejorando.

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Sin embargo, con el cambio de Gobierno, en agosto, se cambió la metodología y se expidió una certificación que la industria considera ‘funesta’ para la comercialización de vinos y licores, con incrementos superiores al 400%.

Los importadores les venden a cadenas de supermercados, cigarrerías, mayoristas y tiendas de bajo costo, res. Desde otra óptica, hay que mirar el precio base en el caso de los restaurantes, los hoteles y los clubes, teniendo en cuenta que el vino tiene un mayor valor que el que ofrecen los otros canales, por todos los costos asociados a la atención en sus establecimientos.

“Promediar todos los canales dispararía el precio”, tuvieron que advertir en el diseño de la primera metodología.

Ahora, la nueva administración del Dane decidió hacer ‘borrón y cuenta nueva’ pidió recomendaciones, pero, según las empresas, no las atendió porque en el nuevo listado los precios aumentaron de manera importante.

Por ejemplo, un vino que en el 2018 estaba certificado por $70.435, con la nueva metodología quedó en $181.000. De esta manera, el impuesto pasó de 16.427 a $38.507, 111% más.

Otro vino de $18.000 que pagaba $5.000 de gravamen, pasó a $53.000 y el impuesto se fijó en $12.000.

Rueda menciona también el caso de una botella de vino de gama alta, el cual solo se vende en una tienda y vale $777.157, de manera que la tarifa impositiva por ese producto estaba en 157.000 de impuesto.

Ahora, la certificación del Dane lo fija en 2’342.000 y el gravamen quedó en $470.000.

Esto, significa una diferencia de $313.000, un 201%.
“Hay diferencias de valores hasta por encima del 400%”, comenta el directivo.

Además, llama la atención el listado del whisky, que al parecer quedó con los certificados teniendo en cuenta los precios de venta al público en los supermercados y pareciera que no consideró la comercialización en otros canales, cuando en otras bebidas se calcula teniendo en cuenta los costos en los restaurantes.

Igualmente, los importadores observan que aparecen productos sin certificado, porque no fueron tenidos en cuenta dentro de la muestra que aplicó la nueva metodología.
“Ante esto, el importador debe solicitar la certificación y que el Dane establezca la base gravable”, señala Rueda, quien al citar los casos concluye que en lo determinado por el Dane “no hay consistencia en lo más mínimo”.

“Dónde está la seguridad jurídica para los empresarios, por qué afectar con una decisión incorrecta a las empresas, al Gobierno, a la salud y a la educación porque esto automáticamente frena todo”.

Y dice que la industria sugirió no cambiar la metodología que se venía aplicando y consideró que incluir restaurantes, hoteles y bares, así como la imposición de tarifas diferenciales para 31 departamentos definidos crearía mayores problemas a la industria y el recaudo.

“Aunque hemos diligenciado el formato de propuestas presentados por ustedes, vemos la dificultad de establecer el precio de venta al público suficientemente sólido que permita evitar las inconsistencias y obligaciones sobre la metodología actual, dado el complejo esquema que opera el mercado de vinos y licores”, le dijeron los empresarios en una carta al Dane.

SALIDA DE FONDO

Si bien para salir del atolladero el pedido es los ministerios de Hacienda y de Comercio, Industria y Turismo fijen una metodología, la aspiración de los importadores es que deje de regir la Ley 1816 del 2016, que se aprobó atendiendo las condiciones que fijó la Ocde a Colombia para que haga parte del llamado ‘club de las buenas prácticas’.

Esta norma es la que ha generado la inconformidad por los cambios de metodología por parte del Dane.

Desde la perspectiva de los comercializadores de vinos y licores importados, lo ideal sería retornar la anterior norma, la Ley 788 del 2002, la cual dejaba en un solo impuesto la totalidad de los tributos, fijando un componente específico por grado de alcohol y cediendo el recaudo de IVA a los departamentos.

Para los empresarios, tras contactos con el Gobierno y el Congreso, esa solución es viable para incluirla dentro del Plan Nacional de Desarrollo, cuyo debate debe empezar a darse en los próximos meses.

El empresario Julio Eduardo Rueda señala que el tema se iba a incluir en la ley de financiamiento, pero que se prefirió aplazar la discusión y aprobación, porque tanto el Gobierno como el Congreso optaron por concentrar la discusión en las normas tributarias que finalmente se incluyeron para la industria de las cervezas y las bebidas azucaradas.

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