Como parte del compromiso del Estado colombiano con las micro, pequeñas y medianas empresas y ante la necesidad de mejorar las condiciones financieras de pago en las transacciones mercantiles, el Congreso de la República expidió la Ley 2024 de 2020 o Ley de pago a plazos justos, que entró en vigor en enero de este año y establece una obligación legal a las empresas y al Estado de pagar sus facturas en un término máximo de 60 días calendario en el 2021 y a partir del 2022, en 45 días. El incumplimiento de estos términos generará acciones judiciales y/o sanciones administrativas.
Desde Acopi, impulsamos esta regulación por ser una medida ideal para la protección de la capacidad financiera de las micro, pequeñas y medianas empresas del país, que se veía obstaculizada por los retrasos en el pago de las facturas, toda vez que terminaban asumiendo el costo de obligaciones tributarias sin haber recaudado el dinero correspondiente para estas, afectándose su capital y capacidad de mantener empleo. Tales dificultades se volvieron más críticas en el marco de la pandemia por covid-19.
Sin perjuicio de que la ley establezca una revisión de su aplicación pasados dos años a partir de su entrada en vigor, transcurridos ocho meses, desde Acopi, hemos estado monitoreando su implementación a nivel nacional y aprendiendo de la experiencia chilena, que a través de la Ley número 21.131 de 2019 incorporó la obligatoriedad del pago de las facturas en un plazo de 30 días.
Tal como sucedió en Chile, en Colombia esta Ley surgió como una iniciativa encaminada a agilizar el cobro de facturas de pago, de manera que se termine optimizando el flujo de caja de las empresas. En el caso chileno se incluye la posibilidad de acordar un término diferente de pago entre las partes, hecho que ha tergiversado el espíritu de la norma, y se está buscando corregir a través de una nueva legislación. Por su parte, la legislación colombiana de manera acertada expresa que término de los 60 días es imperativo y no podrá ser modificado.
No obstante, a través del sondeo de la Ley de pago a plazos justos realizado por el Observatorio de la MiPyme de Acopi, se evidencia que el 49% de los empresarios que participaron del sondeo manifiestan que la implementación no ha sido positiva debido a que aún el 38% de los periodos de pago superan los 60 días, además un 57% de los empresarios expresan que ha habido incumplimientos en los plazos de pago.
Por esta razón, es fundamental impulsar un monitoreo temprano y avanzar en la pedagogía sobre la Ley con el fin de que se logre su implementación, pues se trata de un mecanismo que otorga certeza en las fechas de pago de facturas, lo que permitirá la gestión efectiva del capital de las MiPymes, protegiendo su capacidad de inversión, innovación, desarrollo empresarial y la generación de empleos, aspectos necesarios para la reactivación económica en medio de la pandemia.
ROSMERY QUINTERO
Presidente de Acopi
