Muy seguramente la discusión más agria y espesa en el ámbito económico –y no de ahora, sino de varias décadas atrás– es la que tiene que ver con el papel del Estado en el acontecer económico. ‘Más Estado y menos mercado’ o, en su defecto, ‘más mercado y menos Estado’, para decirlo de una manera coloquial y esquemática. En este contexto, un capítulo especial le corresponde a la controversia sobre la conveniencia o no, de que el Estado sea un actor protagónico a través de su participación directa en empresas dedicadas a actividades o negocios con ánimo de lucro, compitiendo con, o excluyendo a, empresas en manos del sector privado. ‘Intromisión indebida versus capitalismo salvaje’.
En Colombia, a pesar del nutrido proceso de privatizaciones, realizado desde los años 90 en desarrollo del Consenso de Washington, el debate, lejos de perder actualidad, está cada vez más vigente. Es cierto que el número de compañías de propiedad del Gobierno Nacional, o de sus congéneres a nivel departamental o municipal, ha disminuido drásticamente. Sin embargo, la importancia, el impacto y, sobre todo, el muy discutible desempeño de las que aún subsisten, alimentan la polémica y caldean el ambiente.
Analicemos los casos más recientes y, a su vez más, polémicos: lo de Reficar ha sido terriblemente cuestionado por el sobrecosto final de la inversión y por la posible existencia de episodios indeseables de corrupción, aún por investigar.
El problema, no obstante, es mucho más de fondo, y al no ser quien esto escribe un experto en hidrocarburos, nada más oportuno que volver a traer a colación las críticas y serios cuestionamientos formulados en su momento por el experto en la materia Jorge Cock (Portafolio 14/02/2016). Este exministro, antes de que el proyecto viese la luz, planteó 10 reparos gravísimos a su ejecución. Estos se quedaron cortos frente al desastroso resultado final. Los sobrecostos y posibles actos de corrupción, vinieron por añadidura.
Reseñado lo anterior, es bueno aclarar que sobrecostos y actos de corrupción desafortunadamente conviven –y se retroalimentan– tanto en el sector público como en el privado, pero hay una gran diferencia: cuando es en las empresas privadas, ellos van por cuenta del patrimonio de sus accionistas. Cuando es en la empresa pública, van por cuenta de los contribuyentes y de toda la sociedad en su conjunto.
Otro caso aberrante y que produce náuseas es lo que está ocurriendo al interior del Banco Agrario. Según una reciente investigación, publicada en la Silla Vacía (10/05/2016), y gracias al teclado (dado que pluma ya no se utiliza) de Juan Lewin, queda terriblemente evidente que el manejo de esta institución obedece a perversos criterios politiqueros y burocráticos. Va en camino de seguir la desastrosa senda recorrida por su antecesora, la Caja Agraria.
En este lamentable escenario general, le asiste toda la razón al alcalde Peñalosa en su propósito de vender la participación pública en la ETB. El problema es que en plena campaña se cuidó mucho de no tocar el tema, consciente de que tal propuesta, en ese momento, era políticamente incorrecta. Ahora, corre el riesgo de quedarse con el pecado y sin el género.
Concluyamos diciendo que el debate hay que depurarlo y blindarlo de fundamentalismos ideológicos y tener claro que lo más sano para el país sería contar con menos empresas públicas (incluso ninguna) y mejor con más superintendencias, cada vez más fortalecidas y eficientes.
Gonzalo Palau Rivas
Economista
gpalau@cable.net.co
David Pérez
Asesor en Internacionalización
