Las últimas semanas en Perú han estado caracterizadas por violencia y división. El expresidente Castillo, un hombre del área rural y de una familia pobre, buscaba gobernar con una plataforma de izquierda, pero con sus vaivenes e inconsistencias pronto se ganó la animadversión del Congreso. Cuando se vio acorralado, tomó la decisión de disolver el Congreso, como ya había ocurrido anteriormente en ese país, pero no contaba con el apoyo para su ‘golpe de estado’, y tanto los militares como la rama judicial se opusieron. Así, Castillo comenzó el día como presidente, al medio día aparentaba ser un dictador y en horas de la tarde había sido detenido y encarcelado.
Después de esos eventos, la vicepresidente Dina Boluarte fue posesionada como jefe de gobierno y se ha enfrentado a protestas masivas, sobre todo en las áreas rurales, que han conllevado a decenas de muertos y bloqueos en vías.
El apoyo de Castillo en la sierra rural sigue intacto, y ven en el gobierno actual un atentado a la democracia, pero más importante aún, se sienten de nuevo excluidos ya que veían en Castillo la opción de cambio. El estado de emergencia que instauró la nueva presidenta solo aumentó la protesta y la reacción de la fuerza pública también fue más radical, con varios muertos y heridos. Todo esto se ha convertido en una demostración de la división, principalmente con una población urbana que se ha visto beneficiada por un desarrollo económico que ha reducido pobreza y ha aumentado la escolaridad, el acceso a la salud, y permitido crear una pujante clase media. Por el otro, una población rural que se siente frustrada por años de olvido y desigualdad.
Este tipo de polarización, con sus facetas particulares, existe en varios países de la región y han culminado en protestas violentas y el llamado al cambio, como en Brasil con la toma del Congreso por los seguidores del expresidente Bolsonaro después de la elección de Lula; en México con los cambios propuestos por López Obrador y rechazados por gran parte de la población, o en Chile donde el referendo constitucional, instaurado después de protestas violentas de jóvenes, no fue aprobado a pesar del apoyo del gobierno de Boric.
La esperanza es que estos elementos sean la base para reducir la división interna, y aceptando las válidas diferencias democráticas, permitan construir una sociedad más equitativa, sin las nefastas consecuencias de la violencia, resultado de la polarización.
RAFAEL HERZ
Analista internacional
