Colombia es uno de los países con mayor concentración del ingreso y riqueza del mundo, aparte de poseer altos niveles en materia de estancamiento de la productividad, baja diversificación productiva, fortalecimiento de las actividades ilegales, alta informalidad y costos regulatorios, y vulnerabilidad ambiental y climática, factores que afectan la remuneración, las oportunidades laborales y la vida plena en la sociedad de muchos ciudadanos.
Por eso, aprovechando la actual discusión del Plan Nacional de Desarrollo (PND), es hora de apostarle a la legalidad, al emprendimiento, a la productividad y a la inclusión como una fórmula ganadora para alcanzar el crecimiento con equidad.
Cada cuatro años se elabora un PND con el liderazgo del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el apoyo del Ministerio de Hacienda. El plan es una hoja de ruta en la cual el Gobierno fija y prioriza objetivos económicos, sociales, ambientales y culturales, identifica estrategias para su consecución, y determina políticas, programas y metas cuantitativas acordadas con los ministerios y agencias del Estado que permitan su implementación.
Los planes son materia de consulta previa con las minorías étnicas, y en general con la sociedad civil, pues también sirven para dar señales al sector privado como insumo para orientar sus inversiones. Gracias a la estabilidad de la tecnocracia colombiana, hay un buen grado de continuidad entre un plan y otro, pues muchas metas como las de infraestructura, educación superior y resiliencia al cambio climático requieren de un trabajo continuado de varias décadas y gobiernos.
No obstante, cada administración legítimamente prioriza algunos objetivos. En este caso, la prioridad es la equidad, a ser construida por medio de un pacto social.
La ausencia de equidad se manifiesta de muchas maneras. De una parte, a pesar de la mejoría reciente, somos uno de los países con mayor concentración del ingreso y riqueza del mundo. También hay una escasa movilidad social, pese al extraordinario progreso en la reducción de la pobreza monetaria y multidimensional en la pasada década. Sin embrago, el mejor predictor de la calidad de vida que va a tener un ciudadano sigue siendo el nivel de ingreso del hogar en que nació.
La inequidad se manifiesta también en las divergencias económicas crecientes entre regiones, pues se crean círculos virtuosos de inversión en algunas áreas del país y en otras hay un estancamiento generalizado con muy pocos bienes públicos y privados. Otra faceta es la desigualdad de género, situación de discapacidad, discriminación racial y por orientación sexual que afecta la remuneración, oportunidades laborales y la vida plena en la sociedad de muchos ciudadanos.
Finalmente, una sociedad en la que impera la ilegalidad y la informalidad dificulta enormemente tener un sistema tributario equitativo y limita la capacidad del Estado para redistribuir el ingreso vía el gasto público.
Un Plan que solucione estos problemas no solo estará logrando mayor cohesión social, sino también ayudará a sentar las bases para un desarrollo sostenible e incluyente, que preservando el capital natural del país, permita el surgimiento de nuevos sectores económicos y el crecimiento de las empresas más productivas, fortaleciendo la competitividad.
Por ello, coincidimos con el Gobierno en que los principales obstáculos para un desarrollo sostenible con equidad son el estancamiento de la productividad, baja diversificación productiva, fortalecimiento de las actividades ilegales, alta informalidad y costos regulatorios, vulnerabilidad ambiental y climática y la ineficiencia del gasto público. Apostarle a la legalidad, el emprendimiento, la productividad y la inclusión es una fórmula ganadora para alcanzar el crecimiento con equidad.
En esta nota no podríamos con justicia resumir las políticas y programas propuestos por el Plan. Por ello, destacamos algunas como el fomento de la legalidad vía creación de zonas de intervención integral, implementación del expediente electrónico y uso de herramientas digitales para combatir la corrupción. Para promover el emprendimiento y la competitividad el programa de fábricas de productividad para mejorar la gestión interna de las empresas, consolidar el turismo y la economía naranja como generadoras de trabajo e ingresos, modernización del campo con carreteras terciarias y actualización del catastro rural y un mayor aprovechamiento de los tratados comerciales.
Finalmente, un gran esfuerzo en inclusión social con más cobertura y calidad de la educación desde la primera infancia, asegurar la viabilidad financiera del sector salud, mayor protección para la vejez y de los jóvenes en los centros Sacúdete, apoyo a los arrendatarios para que se conviertan en propietarios de vivienda, masificar el acceso a las herramientas digitales y una focalización geográfica de los subsidios.
En particular, debemos destacar que se quiera mejorar la matriz energética logrando para el 2022 al menos 10 por ciento de generación de fuentes solares y eólicas. Entre lo que hace falta en el Plan, extrañamos una estrategia concreta para un sistema de ciencia tecnología e innovación que esté conectado con las necesidades del sector productivo; un mayor compromiso con la internacionalización de la economía, especialmente Asia; la modernización del campo estimulando la venta de predios improductivos vía el catastro y el impuesto predial; fórmulas para facilitar el uso de nuevas tecnologías en las empresas como análisis de grandes datos, inteligencia artificial y el uso del comercio electrónico; una mayor agresividad para el impulso de la bioeconomía y la economía circular, y una política integral de ocupación del territorio para evitar la retoma de áreas alejadas por parte de grupos al margen de la ley, que están acelerando la deforestación y la minería ilegal y acaparando tierras.
Entre los principales obstáculos para un desarrollo sostenible con equidad
se cuentan la alta informalidad, la ineficiencia del gasto público y el estancamiento de la productividad.
Por otra parte, son inadecuadas algunas de las metas propuestas como la de
6.000 autos eléctricos, cuando al menos debían ser 300.000, la meta de deforestación que se reduce a su no aceleración, cuando debía ser su reversión, y la graduación de participantes de Familias en Acción hacia programas más pertinentes como Jóvenes en Acción. Yen el articulado son inconvenientes la concentración presupuestal en el Ministerio de Hacienda y los aumentos de aranceles.
El Plan está bien concebido y permite pensar en un árbol con solidas raíces compuestas por la legalidad y el acceso a bienes públicos, con un tronco fuerte anclado en el emprendimiento y la productividad, y con muchas ramas interconectadas entre sí vía una mejor conectividad entre las regiones y el exterior, nuevas actividades económicas y mayor uso de herramientas digitales, todo reflejado en un frondoso follaje que expresa el bienestar de los colombianos.
Como siempre, el gran reto será mantener un adecuado equilibrio macroeconómico, hacer las reformas legales necesarias y vigilar la adecuada implementación del PND. ¡Suerte!
Hernando José Gómez R.
Exdirector del Departamento Nacional de Planeación.