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Revista Portafolio

¿Hacia un nuevo pacto social?

El estallido popular evidenció que el descontento que ya existía previo a la crisis, tanto en el país como en la región, no ha desaparecido.

Paro nacional

Manifestaciones pacíficas y culturales tuvieron en varios puntos de Bogotá y Colombia.

CEET

POR:
Portafolio
julio 28 de 2021 - 01:43 p. m.
2021-07-28

El ciclo de protestas que vivió durante las últimas semanas Colombia por alrededor de 50 días de forma ininterrumpida es un reflejo perfecto de la que ha sido calificada como una ‘bomba de tiempo’ no solo en el país sino en toda América Latina, y que requiere de soluciones urgentes que atiendan todas las necesidades de la población tanto de los más desfavorecidos como de los vulnerables o segmentos afectados.

(2020, el año en el que las empresas temblaron). 

Es por eso que cada vez hay más voces que piden una reedición del pacto social en la región. Esto, porque aunque la pandemia logró dormir el descontento social que se vivió antes de la crisis, este es un problema que, lejos de haberse solucionado, se incrementó en el último año debido al golpe económico y aumentó los niveles de desempleo, pobreza, pérdida de clase media y vulnerabilidad en todas las naciones del continente.

Como explica Alberto Arenas, director de la División de Desarrollo Social de la Cepal, “este malestar social creciente en la región es previo a la pandemia y su secuela, y se expresa en una extendida sensación de vulnerabilidad, de insatisfacción con la estructura distributiva y el funcionamiento de la democracia, así como altos niveles de desconfianza hacia las instituciones y los gobiernos, y con demandas por mayor igualdad y no discriminación”.

(Ya está disponible la edición 49 de la revista Portafolio). 


Esto se refleja en muchos aspectos. Por ejemplo, según el último Latinobarómetro, con respecto al porcentaje de personas que, en el periodo 2013-2018, declaraba no poseer recursos que les permitan cubrir sus necesidades, aumentó de 46% a 48%. En Colombia, esta cifra se mantuvo en 37%.

También, la gente que dice que la distribución del ingreso en el país es injusta o muy injusta aumentó de 73% a 84%. Y esto se ve incluso de una forma más clara en los jóvenes.

Según Arenas, “la pandemia ha generado entre las personas de 15 a 29 años de la región una serie de preocupaciones e incertidumbres relacionadas a su bienestar actual y futuro”.

Paro Nacional

La gente que dice que la distribución del ingreso en el país es injusta o muy injusta aumentó de 73% a 84%.

Néstor Gómez/EL TIEMPO

Y agrega que, por ejemplo, más de uno de cada cuatro jóvenes están preocupados por su situación financiera, dato que aumenta en el rango entre 25 a 29 años.

Además, la continuidad, el retraso y abandono de los estudios es otra fuente de temor, al igual que la salud. De hecho, el 52% de los jóvenes de la región tiene más estrés y el 47% momentos de ansiedad por temas como la educación a distancia, la pérdida de ingresos y la dificultad para encontrar trabajo.

Algo similar ocurre con las mujeres. Para ellas, la reducción del empleo a nivel regional, entre el 2019 y el 2020, fue mayor (18,1%) que para los hombres (15,1%). Además, la salida de ellas del mercado laboral (15,4%) fue también superior frente al 11,8% de ellos.
Estos y otros datos son los que han llevado a distintos expertos, organismos y sectores a pedir ese ‘nuevo contrato’, el cual, para el experto de la Cepal, es una posibilidad de mejora.

“El malestar social es un espacio de conflictividad política, pero también debe verse como una oportunidad para el cambio. Ha llegado el momento de acabar con la cultura del privilegio para emprender un nuevo proyecto colectivo, un pacto social orientado a la construcción de sociedades más justas, inclusivas y cohesionadas que permita avanzar hacia políticas públicas centradas en el goce de derechos, la igualdad, el reconocimiento y el trato digno de las personas”, advierte.

En ese sentido, surge la pregunta de cómo debe ser ese nuevo pacto o contrato social. En este sentido, Roberto Angulo, socio fundador de la firma Inclusión, apunta que “lo primero en un acuerdo de este tipo es concretar qué es: si es una ley, una parte de la constitución o un pacto internacional, pues lo usamos como un mantra sin saber realmente qué contiene. Yo diría que este se debe cristalizar en los sistemas de protección social, que es básicamente la forma en la que un país decide socializar los riesgos de la población, un mapa que cambió con la pandemia. Es decir, se debe construir un sistema capaz de lidiar con una agenda diversa con una alta pobreza y pobreza extrema, mayor vulnerabilidad y una masa crítica de clase media. Es decir, todas las agendas confluyen en lograr canales redistributivos y ofrecer soluciones para la población”.

la pandemia ha generado entre las personas de 15 a 29 años de la región una serie de preocupaciones e incertidumbres relacionadas a su bienestar actual y futuro

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Por su parte, el experto de la Cepal agrega que “hablar de un nuevo contrato social implica la dificultad de incluir a todos los sectores en el doble sentido de que participen y de que se sientan partícipes y con incidencia en los resultados, y a la vez pensar un nuevo contrato social para reducir esa desconfianza creciente. Nosotros hemos señalado que éste debe ser un instrumento político basado en el diálogo amplio y participativo que sirva para decantar consensos y acuerdos para el mediano y largo plazo”.

Añade además que “proponer modificaciones fiscales para beneficiar a todos ya no es suficiente, sino que debe ir hacia la redistribución de los recursos”, algo que también se extiende al mercado laboral. Y anota también que “tiene que asegurar servicios públicos universales y de calidad –educación, salud, transporte, servicios ambientales– y amplar su acceso, al tiempo que se estimula la inversión y la política industrial, la sostenibilidad medioambiental y la gobernanza de los recursos naturales”.

Asegura, igualmente, que son claves “otros instrumentos como los seguros de desempleo, el acceso a servicios públicos y a programas de salud y alimentación, entre otros”. “En muchos países de la región –añade–, aquellos siguen siendo vistos como temporales y focalizados en lugar de ser beneficios que debieran ser garantizados de forma universal desde una perspectiva de derechos”.

Por último, según el directivo de la Cepal, “hablamos de un pacto social para la igualdad a nivel nacional para darle legitimidad y solidez a reformas estructurales y a políticas pro-igualdad transformadoras. Este busca instaurar un nuevo patrón de desarrollo para asegurar progresivamente mayores niveles de igualdad y sostenibilidad, con base en propuestas formuladas e implementadas mediante un diálogo abierto y participativo”.

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