El presidente Gustavo Petro completa más de tres meses en el poder, y el giro a la izquierda que llegó con él a la Casa de Nariño ha mostrado unas posturas más heterodoxas en algunos campos, especialmente en su política energética, mientras que en otras decisiones ellas han sido más moderadas, casi ortodoxas.
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Así es la nueva era ‘Petronomica’ del mandatario, que en teoría abarca reformas estructurales para corregir las desigualdades y buscar un crecimiento más amigable con el medioambiente, pero a la vez impulsar una economía basada en la producción, el trabajo y el conocimiento.
Cuando se posesionó como presidente, por ejemplo, su principal apuesta en materia energética era la defensa de la transición de un modelo extractivista impulsado en particular por el carbón y el petróleo, hacia una economía productiva donde sectores como el agro, el turismo y los ecosistemas e industrias locales cobran mayor relevancia.
“En nuestro gobierno el fracking no será permitido, la gran minera de oro a cielo abierto tampoco”, aseguró en su campaña.
Sin embargo, la columna vertebral de gobierno es su reforma tributaria, la cual radicó tan solo un día después de la posesión de la nueva administración.
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Aunque el proyecto original perseguía una meta de recaudo de $25 billones para el próximo año, tras la aprobación en el primer debate del Congreso ella se modificó a $21,5 billones, pero espera alcanzar $24,4 billones en el 2026.
A pesar de este cambio, el articulado ha mantenido su esencia: gravar a las personas de mayores ingresos en el país, eliminar las exenciones que favorecen a algunos sectores específicos e imponer una serie de gravámenes relacionados con el sector minero-energético, amparados en la estrategia de transición energética que persigue el Gobierno.
Por ello, en el proyecto aprobado en las comisiones terceras de Senado y Cámara se le dio luz verde a una sobre tasa en el impuesto de renta para las empresas de este último sector, que será de 10% en el 2023, de 7,5% en el 2024 y de 5% en el 2025.
Justamente son sus medidas relacionadas con este sector en las que más ha hecho hincapié el mensaje del mandatario.
Desde el ministerio de Minas y Energía se ha hablado de consolidar una hoja de ruta para esa transición energética, que tardará un año en definirse. En este sentido se ha propuesto aprovechar el potencial para la producción de cobre y otros metales que tiene el país como alternativa.
Y, finalmente, en lo que va del gobierno se han sentado las bases de lo que será la política agraria y rural de esta administración, empezando por un asunto fundamental: la distribución de la tierra.
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Desde la cartera de Agricultura se habló inicialmente de la posibilidad de colocar más impuestos a las tierras improductivas, pero, tras varias reuniones, uno de los anuncios que más llamó la atención fue el acuerdo con la Federación Nacional de Ganaderos (Fedegán) para la compra de tres millones de hectáreas productivas para ser repartidas en manos de campesinos carentes de ellas.
Aunque para ejecutar ese programa el sector agropecuario contará en el 2023 con un presupuesto de $4 billones, tras una adición de $2 billones en el marco de las discusiones del Presupuesto General de la Nación, desde el Ministerio de Hacienda se ha descartado el uso de TES para esta realización, por lo que aún no es claro cómo se financiará dicha transacción.
Sea como sea, esos hechos demuestran cómo la trayectoria política del presidente Petro ha estado ligada a planteamientos progresistas, socialdemócratas, ecologistas y feministas, aunque desde su elección el mandatario ha enviado también ha reconocido su intención de potenciar las industrias en el país.
Uno de los mensajes más contundentes fue el que reveló en su primer discurso como presidente electo, a mediados de julio: “Vamos a desarrollar el capitalismo en Colombia no porque lo adoremos, sino porque tenemos, primero, que superar la premodernidad, el feudalismo y los nuevos es clavismos en el país”.
Para Beethoven Herrera, profesor emérito de la Universidad Nacional y la Universidad Externado, la doctrina del presidente ha venido evolucionando desde la campaña hasta ahora.
“Cuando era joven y se inspiraba más en autores estructuralistas, denunciaba el problema de la tierra. Hoy ha llegado a un acuerdo con Fedegán para comprar la tierra y no apoyar expropiaciones, cuestión que sería inviable en el mundo actual”, señala.
El experto menciona cómo, si bien en el curso de la campaña aseguró que le gustaba mucho “la idea de Thomas Piketty en torno a la tesis de un impuesto mundial a los capitales y de limitar las herencias”, no ha vuelto a referirse al tema últimamente.
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Pese a ello, según Herrera, las propuestas de la tributaria de gravar las ganancias ocasionales y dividendos están en línea con planteamientos tanto de Piketty como de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), que propone que tributen más las personas naturales.
El economista destaca también que el primer mandatario está recogiendo postulados pensadores de actualidad, como Ha-Joon Chang y Mariana Mazzucato.
Él dijo hace un mes, en la Asamblea de la Andi, que cree en la teoría de los clásicos y que el trabajo solo crea riqueza, no especulación. También se podría afirmar que Petro es estructuralista por sus ideas en torno a la tenencia de la tierra, pero también poskeynesiano si se toma en cuenta que, en múltiples ocasiones, se ha mostrado a favor de que el Estado intervenga”, añade Herrera.
En línea con este concepto, Munir Jalil, economista jefe para la Región Andina de BTG Pactual, asegura que el presidente ha hablado de múltiples postulados, especialmente de economía heterodoxa, pero no necesariamente ha puesto en práctica todas estas ideas.
“De poskeynesiano podríamos decir que tiene ciertos tintes, pero de estructuralista mucho, como lo prueban los últimos anuncios que ha hecho en torno a crear una banca de desarrollo grande, o con una estructura gigantesca. Y aunque si bien ha citado a muchos pensadores modernos, no ha aplicado sus teorías”, advierte el economista.
Por su parte, Anwar Rodríguez Chehade, vicepresidente del centro de estudios económicos Anif, señala que en el gobierno del presidente Petro “se habla mucho de economía popular, pero seguimos sin saber eso qué quiere decir. Los mensajes no han sido claros sino contradictorios, y son mensajes que en última terminan por afectar a la población pobre y vulnerable, lo cual es un contrasentido con su concepto de economía popular”.
El economista pone como ejemplo a la inflación alta, que tiene fuertes impactos sobre todo en la población de más bajos ingresos, pues los grupos de población pobre y vulnerable ya percibe una cifra por encima del 13%.
“Cuando se habla de control de precios, cuando se habla de incrementar el salario mínimo por encima del 20%, todo eso le va a agregar leña a la inflación y nuevamente va a afectar el bienestar y el bolsillo de manera importante, sobre todo en esos grupos”, indica.
El vicepresidente de Anif también se refiere a los planteamientos que ha hecho el presidente sobre la reforma al sistema de salud.
“Se ha puesto de alguna forma en riesgo el modelo que protege el bolsillo de los colombianos ante la enfermedad. Con esa reforma, serían los hogares pobres quienes se verían obligados a recurrir a una red pública, con todas las complicaciones que esto significa, mientras que los de mayores ingresos podrían incrementar su gasto de bolsillo y satisfacer esa demanda por servicios de salud”.
Laura Lucía Becerra
Periodista de Portafolio