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Jorge Restrepo

Revolcón energético

El populismo energético de la Minminas con la tal “justicia energética” y su “pacto” es la fórmula para generar más problemas y no más energía.

Jorge Restrepo
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Jorge Restrepo

El descontrolado crecimiento del precio de la energía a los hogares se debe a un error de regulación; hace lo correcto el Gobierno en buscar corregirlo, pero si “interviene” pondrá en riesgo la confiabilidad del sistema y la inversión privada que impulsa la transición energética.

El precio de la energía eléctrica se disparó en septiembre del año pasado, cuando pasó de un crecimiento anual del 5% a uno del 26% este agosto. Sin alimentos y energéticos la inflación habría subido apenas 7% en el año. Como los hogares no pueden escoger a quién comprar la energía eléctrica, no hay competencia. Por eso desde los años noventa el precio de la energía está regulado a través de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) en la que el Presidente delega -según la Ley- su facultad; la tarifa debe remunerar la prestación del servicio pero en condiciones de eficiencia y, garantizar la confiabilidad del sistema y trasladar las mejoras en productividad al consumidor. Nada fácil.

El error en la regulación está en que la tarifa de energía para los hogares se ajusta, entre otros factores, con el índice de precios al productor -un indicador de cómo varían los costos para las empresas en general- y con el índice de precios al consumidor: si sube el trigo y el maíz eso hace que la energía le suba a todos los hogares colombianos. La indexación, en efecto, protege la rentabilidad de casi toda la cadena energética. Además, como no hay deflación, la energía se queda cara.

Este error nos cuesta mucho en bienestar: buena parte del aumento de la pobreza este año se explicará por lo que pagan los hogares en energía: un 18% de más.

Aun cuando lo que más sube son los alimentos para muchos de ellos sí hay sustitutos y en el mediano plazo tienden a bajar. La Creg está en mora de corregir la indexación -mora que pagan las familias. No sólo hay que desindexar: se necesita una nueva tarifa que mantenga la confiabilidad, promueva la transición y traslade al consumidor los menores costos.

Eso lo puede hacer la Creg, donde hay amplia representación del Gobierno, atendiendo una instrucción precisa. Recordemos el garrote de la Ley 142: el Presidente puede resolver no delegar y regular sin técnica desde la Casa de Nariño. Intervenir o regular como producto del “pacto energético” corporativista que busca la Ministra de Minas llevaría a mantener la protección a las empresas y a una regulación que generaría inestabilidad institucional, menos inversión, frenaría la rápida transición energética de los últimos tres años, y conduciría a demandas impagables.

Más que intervenir, se requiere un revolcón progresista a las tarifas que proteja al consumidor y mantenga la confiabilidad. El populismo energético de la Ministra de Minas y Energía con la tal “justicia energética” y su “pacto” es la fórmula para generar más problemas y no más energía.

JORGE RESTREPO
​Profesor de la Universidad Javeriana
Twitter: @jorgearestrepo

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