Hace unos días, surgió una iniciativa de algunos sectores políticos que consideraban que el expresidente Álvaro Uribe Vélez podría sumarse al proceso de paz, a propósito de que varios de sus más cercanos amigos contaran con la posibilidad de acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz que se implementará en el marco del posconflicto. Esto significaría reducción de penas, o libertad, en casos como el de Bernardo Moreno, Andrés Felipe Arias, Jorge Noguera, Diego Palacio, Sabas Pretelt o María del Pilar Hurtado.
Pero, más tardó en conocerse la propuesta, que el expresidente Uribe en rechazarla. Tras el hecho, algunos de los mencionados, no muy convencidos, hicieron lo mismo, pero con timidez. Y es de esperarse, se trata de sus libertades. Dos semanas después, se conoció la noticia de la captura de Santiago Uribe Vélez, hermano del exmandatario y líder del Centro Democrático, por parte de la Fiscalía por el caso de los ‘Doce Apóstoles’. Vaya coincidencia.
Ahora que el involucrado no es un copartidario, sino un hermano, las cosas son a otro precio. Aunque Palacio madrugó a dejar claro que no ejerció ninguna presión en este caso, hay quienes dicen que la jugada de la Fiscalía es maestra –como en el Poker–. Otros, por el contrario, aseguran que el expresidente Uribe no aceptará las bondades de la Jurisdicción Especial para la Paz ni siquiera en estas condiciones. Yo creo que no habrá otro camino y que aterrizarán en esa pista (al menos divididos).
Y aunque dicha jurisdicción aún no se ha aprobado, resulta interesante mirar hacia atrás y recordar las cifras de la justicia transicional para poder tener algunas proyecciones del peso de lo que se va a decidir. Un informe de la Dirección de Fiscalías Especializadas de Justicia Transicional, a julio del año pasado, registra números impresionantes (mezclan grupos subversivos y paramilitares): 57.883 hechos confesados, 84.354 víctimas, 2.253 masacres, 40.161 homicidios, 2.574 reclutamientos ilícitos, 7.020 desapariciones forzadas, 2.874 extorsiones, 135 casos de violencia sexual, 946 casos de destrucción y apropiación de bienes, 2.464 contribuciones arbitrarias, 895 actos de terrorismo, 4.109 hurtos, 72 rehenes, 191 casos de porte de estupefacientes, 6.420 cuerpos exhumados, 5.025 fosas halladas, 1.381 cuerpos con posible identidad y 26 entregas simbólicas (de cuerpos).
Los guarismos evidencian un enorme conflicto al que hay que darle un final cuanto antes. Técnicamente, cuando se habla de paz y reconciliación, lo lógico es incluir a todos los actores políticos, esa es la verdadera definición de unidad nacional. Por ello, los conceptos de impunidad, justicia, cárcel y participación política deben analizarse detalladamente para que se conviertan en oportunidades de sumar esfuerzos a favor de la paz y la reparación a las víctimas.
Es cierto que no sabremos a ciencia cierta qué vaya a suceder con el hermano del expresidente Uribe, pero lo que se vislumbra es que podría generarse una división en ese sector político por cuenta de la tentativa oferta que, seguramente se hará, en un horizonte cercano, de beneficiar con la Jurisdicción Especial a quienes están tras las rejas, o estarán, y tienen el carné del Centro Democrático.
Juan Manuel Ramírez Montero
Consultor y analista
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@Juamon
