La trata de personas es un negocio ilícito internacional y no solo un delito penal. Esta es la conclusión principal de una investigación realizada por Mónica Hurtado y Catherine Pereira, docentes de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana, para quien actualmente “hay una estrecha relación entre la oferta y la demanda en esta actividad criminal”.
Según cifras del Departamento de Estado de los Estados Unidos este delito produce ganancias anuales cercanas a los 32 mil millones de dólares, pese a los esfuerzos realizados en las dos últimas décadas por algunos países y agencias multilaterales.
En Colombia esta actividad ilícita tiene cada día más fuerza. Según cifras del Comité Interinstitucional para la lucha contra este delito, cada año en el país se conocen al menos 60 denuncias –28 en 2015–. Por su parte, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito sostiene que dos de cada tres víctimas son niñas menores de 12 años y una de cada tres está entre los 15 y los 18 años.
“De los casos de trata que tuvimos acceso, entre 2005 y 2014, identificamos al menos 142 víctimas colombianas –82 más de los que se conocen públicamente– de las cuales 42 estuvieron directamente vinculados a procesos judiciales y en 100 se mencionan solo testimonios. En relación con los tratantes, identificamos 44, incluidos explotadores e intermediarios. Y hasta el 2014 hubo ocho sentencias condenatorias en primera instancia”, señalaron las investigadoras.
En los casos estudiados en la investigación, la mayoría de las víctimas tuvo como lugares de destino Singapur, Hong Kong y Panamá. Sin embargo, hay evidencia de que en años recientes aparecen otros países de América como receptores del negocio de trata, entre los que figuran Guatemala, Argentina Bahamas, Barbados y Trinidad y Tobago.
Otros reportes de las autoridades internacionales sostienen que las víctimas colombianas de trata en Europa y Asia Central caen generalmente en redes de explotación sexual, mientras que las de llegan a Asia Oriental y el Pacifico son sometidas a explotación laboral.
UN NEGOCIO CADA VEZ MÁS RENTABLE
Según los expedientes analizados en este estudio una trabajadora sexual en Medellín, Cali, Pereira y Bogotá gana alrededor de 690 mil pesos colombianos; mientras que en Japón, Hong Kong o Singapur esta misma persona podría producir ingresos casi diez veces superiores realizando la misma actividad.
Otras cifras que arroja el estudio, revelan que diariamente en Singapur una víctima colombiana de trata con fines de explotación sexual gana un dinero que oscila entre 400 y 1.500 dólares. Dinero que en su mayoría se queda en manos de los tratantes.
En relación con la información financiera de los expedientes estudiados en este informe, se estableció que hubo 62 transacciones documentadas en siete entidades financieras colombianas y en tres bancos extranjeros de siete países, de diferentes continentes.
Con base en esta documentación, se establecieron los costos y la rentabilidad del negocio, a la luz de las tres fases identificadas: reclutamiento, traslado y explotación. También se caracterizó la interacción entre los tratantes, intermediarios y víctimas.
“Para corroborar los datos y ampliar la información, se realizaron entrevistas a profundidad a funcionarios de la Policía Judicial, fiscales y jueces colombianos, a representantes de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc). También se tuvo en cuenta la opinión de Las Hermanas Adoratrices, comunidad religiosa vinculada al trabajo con población vulnerable a la trata”, afirmaron Hurtado y Pereira.
De acuerdo con otros datos obtenidos en la investigación, en América Latina se está generando una dinámica particular que “favorece” este delito transnacional. Para los tratantes en esta región los riesgos de ser investigados penalmente son relativamente bajos; en Argentina, Guatemala y Honduras, por ejemplo, pueden mover sus capitales sin mayores amenazas. Además, se han identificado algunas zonas como “lugares de recreo”, a donde las víctimas de trata de personas son especialmente solicitadas.
Salvo pocas excepciones, la investigación concluye que todos los países del continente han ratificado el Protocolo de Palermo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, y han desarrollado legislaciones al respecto. Sin embargo, este comercio ha seguido creciendo y diversificándose.
Con información de la Universidad de La Sabana
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