Este lunes se conoció el que sería un nuevo caso de abuso sexual por parte de militares a una menor de edad indígena, esta vez en el departamento de Guaviare.
Este hecho, que según reportó el Ejército ocurrió en septiembre del 2019, se suma al que ocurrió la semana pasada en el corregimiento de Santa Cecilia de Pueblo Rico, Risaralda, en el que siete soldados violaron a una niña embera chamí.
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En un comunicado el Comando de la Vigésima Segunda Brigada de Selva, Unidad adscrita a la Cuarta División, lamentó el abuso sexual a la menor en Guaviare, que involucra a militares, y dijo que tan pronto se tuvo conocimiento de lo ocurrido "el Batallón de Infantería N. 19 general Joaquín París inició la indagación disciplinaria".
Este caso, revelado por el subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación, Ariel Ávila, se señala que la menor de 15 años fue violada durante seis días por dos militares del Batallón de Infantería Joaquín París, que la mantuvieron secuestrada y sin darle de comer en una habitación de esa guarnición militar, que tiene sede en San José del Guaviare, la capital regional.
La información de Ávila añade que la niña logró escapar y luego apareció desnuda, el 12 de septiembre de 2019, por lo que fue auxiliada por autoridades de la zona. La denuncia se sustenta en documentos y siete informes de diferentes instituciones en los que se da cuenta del secuestro y violación de la menor. Ávila dice que el Ejército tuvo conocimiento del caso y que las autoridades habían actuado oportunamente, pero luego la denuncia no avanzó por lo que considera que hubo "negligencia" de la Fiscalía del Guaviare.
Los nukak son un pueblo de cazadores-recolectores que habita en las selvas del este de Colombia, entre los ríos Guaviare e Inírida, y aunque se sabe de su existencia desde mediados de los años 60, no fue sino hasta 1988 cuando empezaron a tener mayor contacto con el resto de la sociedad cuando llegaron a la localidad de Calamar huyendo de la persecución de colonos.
EL PROCESO
Este proceso disciplinario fue pedido, por poder preferente, por la Procuraduría Regional del Guaviare a comienzos de este año, y según indicó el Ejército, la entrega del caso al Ministerio Público está en trámite.
De otro lado, el Ejército informó que la investigación penal de este caso es adelantada por la Fiscalía 02 Local de San José del Guaviare.
El Comando de la Vigésima Segunda Brigada de Selva añadió que han prestado toda la colaboración y atendido todos los requerimientos de las autoridades judiciales y entidades de control, en el desarrollo de sus investigaciones y procedimientos.
El Ejército concluyó diciendo que rechazan las agresiones contra niños y que por ello "en desarrollo de las investigaciones se adoptarán de forma inmediata las acciones a que haya lugar, con la mayor severidad y conforme a la ley".
Estos casos de abuso sexual contra menores indígenas por parte del Ejército han generado el repudio de todos los rincones del país, y hasta se han escuchado voces que piden que se les aplique a los militares involucrados la cadena perpetua que el Congreso aprobó hace poco para violadores y asesino de niños.
No obstante, como esa pena no está reglamentada, no puede aplicarse aún. En el caso de la menor embera chamí violada por siete militares en Risaralda, el pasado 21 de junio, los uniformados -que ya aceptaron cargos- se enfrentan a condenas de hasta 30 años de cárcel.
Con EL TIEMPO Y AGENCIA EFE
