El regreso a las armas de varios exlíderes de las Farc puso esta semana en el centro del debate la necesidad de fortalecer el proceso de paz para garantizar la estabilidad de Colombia, pues son al menos 13.000 los exguerrilleros que siguen reincorporándose tras la firma del acuerdo de paz.
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Diversos sectores políticos y de la comunidad internacional han llamado a los colombianos a que eviten que los exguerrilleros que hacen su tránsito a la vida en sociedad se sumen a las disidencias tras la decisión del exnegociador de paz de las Farc, Luciano Marín, alias "Iván Márquez", de volver a las armas junto con otros antiguos mandos.
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Uno de los primeros en hacerlo fue el Gobierno de Noruega, país que es garante con Cuba del proceso de paz y que considera que la unidad alrededor de lo acordado es "más importante que nunca" y que Colombia "no puede dar marcha atrás". "Noruega lamenta profundamente la decisión de un pequeño grupo de antiguos líderes de las Farc de tomar las armas. No podemos permitir que se revierta el proceso de paz en Colombia. La unidad por la paz es más importante que nunca", afirmó en Twitter la ministra de Exteriores del país nórdico, Ine Eriksen Søreide.
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En la misma dirección se manifestó el Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame (EE.UU.), miembro del componente internacional de verificación del acuerdo, que instó a Colombia a fortalecer "la integralidad de la reincorporación socioeconómica y política", así como a garantizar la seguridad de los excombatientes.
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Desde la firma del acuerdo de paz, en noviembre de 2016, cerca de 150 exguerrilleros han sido asesinados, una de las razones que dio Márquez para su regreso a las armas, pues considera que estos crímenes han ocurrido "en medio de la indiferencia y la indolencia del Estado". "En otros contextos se han vivido situaciones similares y la experiencia nos demuestra que mientras más vigorosa sea la implementación de los acuerdos, menor es el impacto de las disidencias. Por ello invitamos a las partes a fortalecer la implementación del acuerdo de paz", señaló el Instituto Kroc.
Es por eso que considera fundamental que se mantengan espacios como la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación de la Implementación (CSIVI), del que hacen parte el Gobierno y el partido FARC porque allí se construyen "soluciones sostenibles".
El expresidente de Uruguay José Mujica afirmó que la vuelta a las armas de varios exlíderes disidentes de las FARC es "un nuevo fracaso para la historia de Colombia". Mujica, que integró en condición de 'notable' junto al expresidente del Gobierno español Felipe González, la comisión que impulsó el acuerdo de paz, subrayó que lamenta "profundamente" que este proceso se haya frustrado.
El presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, lamentó el anuncio y recalcó que su país sigue apoyando el proceso de paz en ese país. El Gobierno español precisó que esa decisión constituye una "flagrante violación" del Acuerdo de Paz de 2016 y subraya que "en ningún caso, la violencia constituye una vía legítima para la defensa de las ideas políticas". España reitera su firme compromiso y apoyo al proceso de paz en
Colombia y a los esfuerzos que está llevando a cabo la sociedad colombiana para acabar con la violencia.
La ONU afirmó que "no hay ninguna justificación para la vuelta a las armas" en
Colombia, y aseguró que "nadie quiere ver retroceder" al país, por lo que llamó a las partes implicadas en el proceso de paz que reafirmen su compromiso en el mismo. La portavoz de Exteriores de la Unión Europea (UE), Maja Kocijancic, dijo que el anuncio de varios exlíderes de las Farc de retirarse del proceso de paz "amenaza con deshacer el importante progreso realizado en los últimos años", sin embargo, señaló que "es la decisión de un pequeño grupo".
Destacó que la gran mayoría de los exmiembros de las Farc que aún permanecen en el proceso se han "comprometido a mantener el acuerdo" y "la única manera de abordar adecuadamente las diferencias y superar las dificultades es la implementación del acuerdo de paz, un acuerdo valioso y ampliamente exitoso".
El director para las Américas de Human Right Watch (HRW), José Miguel Vivanco, afirmó que "frente a la infame decisión de Iván Márquez y compañía, el Gobierno colombiano debe redoblar de forma urgente las medidas para asegurar la reincorporación de excombatientes desmovilizados, el fortalecimiento del estado de derecho en zonas rurales y la protección de líderes".
Otra voz que pidió unión entre las fuerzas políticas de Colombia para consolidar la implementación del acuerdo fue el excandidato presidencial Sergio Fajardo, que tachó de "declaración de guerra" la decisión de los exlíderes guerrilleros. "En Colombia hay dos puntos neurálgicos sobre lo que la ciudadanía hoy siente y tienen que ver con la corrupción y la violencia (...) ahí están los puntos clave para buscar una unión que permita a fuerzas diversas, con opiniones distintas, buscar un espacio para encontrarnos", dijo Fajardo, que lidera el movimiento Compromiso Ciudadano.
El Gobierno, por su parte, respondió al anunció de Márquez con una operación militar de gran escala que dejó al menos nueve miembros de una disidencia muertos en una zona rural de San Vicente del Caguán, antiguo bastión de esa guerrilla en el departamento de Caquetá, en el sur del país.
Entre los muertos de la operación, que incluyó un bombardeo y un desembarco aéreo, está uno de sus cabecillas, identificado solo como alias 'Gildardo Cucho', detalló el presidente colombiano, Iván Duque.
Se estima que cerca de 1.800 personas forman parte de los 24 grupos de disidentes de las Farc que no se unieron al proceso de paz y que están dedicados al narcotráfico y la minería ilegal, si bien hasta el momento no hay información de que estén relacionados con el grupo de exlíderes que encabeza Márquez.
EFE