Esta decisión avala la legalidad del fallo de la Procuraduría –que está congelado– de separar del cargo al funcionario e inhabilitarlo por 15 años debido a fallas en la contratación del servicio de aseo.
La votación de los magistrados reunidos en sala plena fue de 15 contra 8 en favor de negar las tutelas. Con esto, prácticamente quedan agotadas las posibilidades legales del mandatario para oponerse a la decisión del procurador, Alejandro Ordónez, y ahora la suerte de Petro depende del presidente Juan Manuel Santos, que deberá decidir si firma pronto la destitución o aguarda a que se pronuncie la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que acudió Petro.
“Lo que consideramos más importante es devolver a los ciudadanos la seguridad en sus instituciones, porque no podemos seguir en esta incertidumbre jurídica y en este no cumplimiento de las decisiones disciplinarias y judiciales. Ya podemos empezar a encarrilar el cumplimiento de la institucionalidad”, dijo la gerente de Camacol Bogotá y Cundinamarca, Martha Moreno, quien recordó que mientras en esta ciudad se venían construyendo entre 55.000 y 60.000 viviendas anuales, el año pasado solo fueron 30.000. Añadió que se perdieron 49.000 empleos.
El director seccional de Fenalco, Juan Esteban Urrego, dijo que la inestabilidad política de la ciudad fue la causa de que grandes cadenas de almacenes que tenían en la mira la colonización del sur de la ciudad aplazaran grandes inversiones hasta tener certeza frente a la gobernabilidad. Lo mismo estaría pasando con negocios medianos y pequeños.
“Sería un alivio que llegara una administración que consultara un poco más y nos permitiera el trabajo gremial”, puntualizó.
Por su parte, el presidente de Confecámaras, Julián Domínguez, opinó que es de suma importancia “generar rápidamente la estabilidad que requiere la capital en materia de Gobierno”. “Los líderes tienen que ayudar a constituir la institucionalidad en un pais donde se está perdiendo la vigencia de las instituciones porque se deslegitiman”, puntualizó.