Es una historia de intriga, envidias, sospechas, dinero y manipulaciones que lleva mucho tiempo y que ahora ha tomado carácter criminal y llegado a los tribunales franceses.
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Se trata de la pelea por obtener los mejores puestos de la prestigiosa clasificación AOC, (Denominación de Origen Controlada) de los vinos 'Saint-Emilion Grand Cru', que incluye algunos de los mejores provenientes de la región de Burdeos.
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La zona de Saint-Emilion produce varios de los vinos mas reputados mundialmente y recibió el estatus de 'patrimonio mundial' por la Unesco en 1999.
Muchas de las marcas llevan el nombre de los castillos señoriales donde se producen y la región cuenta con un gran numero de ellos de diferentes tamaños y estilos que atraen miles de turistas cada año.
En juicio están dos conocidos propietarios de importantes castillos vinícolas que enfrentan cargos de corrupción por influencia indebida para favorecer la calificación de los vinos de sus propiedades durante la mas reciente clasificación que ocurrió en 2012.
El proceso se hace cada 10 años y la clasificación oficial existe desde 1955 cuando fue creada por los propietarios de los viñedos de la región para distinguir sus mejores botellas y como una guía autorizada para los bebedores de vino.
La clasificación otorga tres categorías: Premier Grand Cru classé A, Premier Grand cru classé B y Grand Cru Classé y prácticamente desde el comienzo, el proceso ha sido una fuente de batallas para obtener los títulos superiores y de discordias entre los que obtienen las clasificaciones mas altas y los que no clasifican.
En términos prácticos eso se traduce en la diferencia de precios que puede ser 20 o 40 veces o incluso mas entre los extremos.
Después de siete años de disputas legales y controversia entre propietarios, Hubert de Boüard del Château Angélus y Philippe Castéja del Château Trotte Vieill, dos ilustres figuras de la industria del vino de Burdeos, enfrentan cargos penales por "conflicto de intereses " en la última reclasificación que vio vinos de Chateau Angélus elevados a Grand Cru Classé A y de Chateau Trotte Vieille a Grand Cru Classé B.
“La justicia sospecha que han jugado un papel en el proceso en disputa, a pesar de que ambos tenían ‘intereses personales en las participaciones nominadas’”, concluyó el juez en una reciente opinión que abrió paso al proceso legal.
Los demandantes en el caso son los descontentos propietarios de tres castillos: Croque-Michotte, Corbin-Michotte y La Tour du Pin Figeac, quienes perdieron en la última clasificación y argumentan que los acusados actuaron como jueces y jurados en el sorteo de la codiciada lista.
Según ellos, De Boüard estuvo presente en todas las etapas del proceso que elaboró la clasificación y como miembro del jurado, mientras que Castéja movió los hilos de su enorme influencia para garantizar la promoción de su propia producción.
Una botella de Chateau Angelus de 1999, por ejemplo, clasificada como ‘Grand Cru Classé A’, se vende por más de €500, mientras que un Chateau La Tour du Pin Figeac 2011 tiene un precio de €27.
En las discretas calles empedradas de la ciudad de Saint-Emilion la noticia se expandió como pólvora, aunque esta no es la primera vez que el sistema entra en crisis. En 2009, un tribunal canceló la clasificación de 2006 después de que cinco castillos degradados dijeron que el proceso estaba injustamente inclinado en favor de aquellos que ya estaban en la categoría superior y acomodado para discriminar a otros.
En su libro Vinos de Burdeos, analizando los problemas de la vinificación francesa moderna, la periodista Isabelle Saporta califica de crueldad a los propietarios de grandes castillos y lamenta que una región como Saint Emilion, que una vez fuera hogar de productores familiares, haya dado paso a inversores multimillonarios que manipulan el sistema para su beneficio.
El escándalo cobra proporciones que desbordan la región y abre el debate acerca de la infalibilidad de las clasificaciones de vinos en Francia. Muchos expertos vinícolas se preguntan si, como en el caso de Saint Emilion, otras clasificaciones pueden ser objeto de manipulación y dar resultados amañados.
Ambos enólogos acusados, que han negado enfáticamente cualquier irregularidad, tienen posiciones de influencia en la denominación y en INAO, la organización dentro del Ministerio de Agricultura que supervisa el sistema AOC y está a cargo de nominar a los miembros de la comisión de clasificación de vinos Saint Emilion.
Los cargos conllevan una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de €75,000.
Cecilia Rodríguez
Especial para Portafolio