Colombia comienza a dimensionar el impacto económico de la pandemia del covid-19 en los negocios y la implementación de estrategias para mitigar este impacto vía a ayudas económicas o alivios tributarios. Sin embargo, un grupo particular de negocios no ha podido acceder a estos apoyos, los negocios informales. En esta categoría se encuentran organizaciones o personas que no registran origen ni resultados económicos legales, con el fin de evadir las contribuciones de impuestos y parafiscales. El ejemplo más visible de la informalidad son los vendedores ambulantes, como Indira Moreno vendedora de pescados en Quibdó.
(Medidas que ayudarían a reactivar a informales).
Este grupo de negocios surge principalmente en economías en desarrollo como una estrategia supervivencia para personas que, de otra manera, no podrían tener otro medio de ingreso. Según la Organización Internacional del Trabajo, OIT, dos tercios (2/3) de los negocios no registran su origen y operación, y en estos trabajan aproximadamente el 60% de la población laboralmente activa. En Colombia, según el Dane existen 10.5 millones de trabajadores que operan en la informalidad.
Hay disenso sobre la necesidad de apoyar este tipo de empresas, que, aunque no cumplen las leyes comerciales, han contado con una legitimidad social en el desarrollo de sus actividades. Sin embargo, dos elementos muestran esta necesidad. A nivel individual, la mayoría de las personas con este tipo de negocio están en situación de vulnerabilidad en cuanto a que su negocio les brinda la posibilidad de subsistir diariamente. A nivel social, si estas personas no pueden acceder a las ayudas, se ven incentivados a continuar trabajando en las calles – incluso si sufren del virus – lo que afectaría los esfuerzos de la sociedad para aplanar la curva de contagio.
El enfoque tradicional en los gobiernos para disminuir la informalidad ha sido incrementar los costos de esta actividad mediante la imposición de multas y la persecución para confiscar los bienes del negocio (por ejemplo, el triste célebre caso del vendedor de empanadas). Sin embargo, otro enfoque es mostrar el valor de la formalización tanto para los individuos como la sociedad. La formalización representa no solo el pago de impuestos, también es el tiquete de entrada a un ecosistema de empresas e instituciones que promueven el crecimiento económico de sus participantes. Es así como la crisis actual presenta una oportunidad para mostrar el valor de la formalización, pues el uso de sanciones y el riesgo de detección son obsoletos porque la mayoría del trabajo informal ha cesado.
Una alternativa para mostrar este valor, que ha sido implementada en países como Inglaterra e Italia son los Voluntary Disclosure Schemes -VDS, es abrir la oportunidad para que estos negocios informales hagan una declaración voluntaria de su existencia y operación de su negocio. En contraprestación, estos negocios no son penalizados, y entran en un proceso de rápida formalización para obtener acceso al apoyo financiero temporal que se brindan a las empresas formales. Incluso, en el caso colombiano, puede ofrecerse como incentivo adicional a estos negocios la entrada a programas para su reconversión y transformación digital.
La implementación de este tipo de medidas no es fácil y requiere del soporte legal de entidades como el Ministerio de comercio, la operacionalización por entidades que posteriormente sean beneficiarias de su implementación, como las Secretarías de Desarrollo Económico y Cámaras de comercio locales, y el apoyo de entidades relacionadas como universidades y empresas de servicios financieros digitales. Sin embargo, una adecuada implementación de esta estrategia no solo proporcionaría a los negocios y trabajadores informales el apoyo financiero temporal que necesitan en el corto plazo, también apoyaría el desmonte de las redes de negocios informales y los costos sociales que esta conlleva. Evidencia de esto es el Reino Unido, el cual en el año 2003 le dio la oportunidad de regularización a 3000 empresas, lo cual costó 2.3 millones de libras en impuestos no pagos, pero el año siguiente la recaudación a estas empresas aumento en 11.4 millones de libras.
Andrés Barrios
Profesor de la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes
